El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga al expresidente de Catalunya Caixa y exvicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, al ex director general Adolf Todó y a otros trece altos cargos por presunta administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones. Entre los directivos investigados figura también Antonio Llardén, vicepresidente de la caja en 2007 y actual presidente de Enagás.

El foco del juez está puesto sobre una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre 2000 y 2013 y en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM). El fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes", y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión". La entidad habría concedido, también, créditos "desproporcionados".

El magistrado ha dejado al FROB la opción de emprender acciones civiles o penales en su calidad de entidad pública que compró la entidad.