El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y los sindicatos firmaron ayer en Madrid un acuerdo por el que se realizará este año un oferta de empleo público de unas 67.000 plazas para compensar bajas y jubilaciones. Aunque no supondrá creación de empleo neto ni aumento por lo tanto de las plantillas, hará que por primera vez desde 2010 la plantilla pública se mantenga sin recortes. El Gobierno también se compromete a aplicar un plan para aliviar la elevada interinidad laboral en las administraciones públicas, reduciéndola del 25% actual al 8% mediante la conversión en tres años del 90% de las plazas interinas de las administraciones públicas en fijas.
El Ejecutivo no cuantificó el número de plazas a las que afectará la conversión de empleo interino en fijo, pero los sindicatos calculan que oscilará entre 250.000 y 290.000 en el trienio. En la actualidad hay 300.000 interinos en las administraciones públicas. A ello se sumará la reposición de bajas. Hasta ahora sólo se cubrían vacantes en servicios esenciales y prioritarios.
Los sindicatos vincularon esta oferta de empleo público -que será la mayor de la etapa democrática- a la reciente sentencia europea que impuso a España la equiparación de las indemnizaciones por rescisión del empleo público interino con el fijo. "Tras este fallo, al Gobierno le sale más barato pasar los interinos a fijos", dijeron varios dirigentes sindicales asturianos consultados.
El Gobierno avanzó a su vez una subida salarial para los funcionarios del 1% para este año, análoga al incremento que ya se aplicó en el pasado ejercicio.
Los sindicatos de la función pública (incluidos los de Asturias) expresaron ayer su conformidad con la oferta de empleo pero expresaron su descontento con la revisión salarial por su insuficiencia. Según la inflación prevista para este año (1,4%, según el Gobierno), un incremento del 1% supondrá que los 2,52 millones de empleados públicos (57.475 en Asturias) perderán poder adquisitivo un año más.
Los salarios públicos han perdido capacidad de compra en diversos ejercicios desde los recortes de 2010 y los posteriores, a partir de 2012, aunque en 2016 recuperaron una parte de la capacidad de compra por la inflación negativa (-0,2% de media anual). Algunas estimaciones apuntan a que desde 2012 la merma de la capacidad de compra ha sido del 13%. Los sindicatos habían demandado al Gobierno que emprendiera ya este año un proceso gradual para restablecer en el horizonte de 2020 el nivel adquisitivo que tenían los salarios públicos antes de mayo de 2010.
Las organizaciones sindicales estatales de la función pública dijeron que tratarán de mejorar la revisión al alza de las remuneraciones durante el trámite parlamentario de los presupuestos generales del Estado.
En el caso de Asturias, la valoración sindical sobre la oferta pública de empleo ha quedado en suspenso a la espera de conocer las cifras para la región y el procedimiento que utilizará el Principado para la provisión de las plazas que permitan convertir los puestos interinos en fijos. Los sindicatos asturianos temen que el Principado opte por la modalidad de oposición y no por la de concurso-oposición, que daría más posibilidades a las personas que ya desempeñan en la actualidad, en régimen interino, las plazas que salgan en propiedad.
Cada comunidad autónoma y corporación local tendrá capacidad para negociar la convocatoria de plazas fijas para convertir las interinas, según los sindicatos.
Tras la firma del acuerdo, Montoro dijo que la nueva oferta de empleo es "una apuesta por la dignificación de la función y servidores públicos", lo que "debe ser una prioridad".
Sobre los salarios, Montoro afirmó que "la voluntad del Gobierno" es llegar a futuros acuerdos cuando esté "encauzada la reducción del déficit público".
De las 67.000 plazas que saldrán este año, 19.000 serán en la Administración General del Estado, 28.144 en las comunidades autónomas y 20.000 en las entidades locales. Respecto a la conversión de plazas interinas en fijas, la oferta beneficiará a sanidad (129.000), educación (98.807), justicia (8.564), servicios sociales, policía local y otros.
La reposición por vacantes, será del 100% en sanidad, educación, justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude (fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social), prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público, seguridad y emergencias, y sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios. En el resto de los casos será del 50%.
