España cumplió el año pasado por vez primera desde 2008 con el objetivo de déficit fiscal, aunque para ello fue necesario que previamente la Comisión Europea le ampliase por dos veces (la última, el pasado mes de agosto) el límite pactado ante la evidencia de que, de otro modo, no se hubiese ajustado a lo pactado con los socios de la UE.

El descubierto presupuestario del conjunto de las administraciones públicas se situó en 2016 en el 4,54% del producto interior bruto (PIB), lo que supone un saldo negativo (diferencia entre ingresos y gastos) de 50.576 millones de euros. Sin contar la ayuda financiera a la banca, el déficit se redujo hasta el 4,33%, lo que supone 48.187 millones de saldo negativo. Con ello, el país se quedó seis centésimas por debajo del objetivo holgado (4,6% del PIB) que se le otorgó en agosto.

Este descubierto es el menor desde 2009, pero sigue siendo superior al 4% que se registró en 2008, el primer año de la crisis y de la recesión en Europa y en España. Y aunque 4,54% de 2016 entraña un recorte superior a la mitad de los déficits públicos en los que incurrió el país en 2009-2011, el saldo negativo del año pasado ha convertido a España en el país con mayor déficit de los 28 de la Unión Europea tras haber superado incluso a Grecia, según el adelanto estimativo de la Comisión Europea y que ahora tendrá que confirmar la oficina estadística europea (Eurostat).

Según estos datos, España (pese a tres años consecutivos de crecimiento del PIB, y los dos últimos a tasas elevadas del 3,2%) también se habrá convertido en el único país con un déficit superior al 3% previsto en el Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y en el único asimismo con saldo primario: es decir, con déficit público antes de contabilizar los intereses de la deuda. El déficit primario español fue en el 2016 del 1,73% del PIB (19.272 millones), según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Hacienda.

De los 50.576 millones de números rojos del conjunto de las administraciones, el déficit estructural (el que no obedece a circunstancias del ciclo económico sino a un ineficiente diseño de la política de gastos e ingresos) se sitúa en el 2,5% del PIB, según dijo hace un año el Banco de España, y entre el 2 y el 3%, según afirmó Fedea el pasado enero. Estas estimaciones apuntan a un desequilibrio estructural en las cuentas públicas de entre 22.280 y 33.420 millones a pesar de los ajustes y recortes de gasto y de las subidas de impuestos de los últimos años.

El compromiso inicial del Gobierno español era haber reducido el déficit presupuestario en 2016 al 2,8%. Ante la evidencia de que no iba a cumplir, la Comisión Europea le amplió el margen hasta el 3,6%. Y en vista de que tampoco se iba a acercar a ese horizonte, el pasado verano le otorgó una holgura aún mayor: hasta el 4,6%.

Al final, el déficit se quedó sólo seis centésimas por debajo de este compromiso aliviado. En su cumplimiento, el Gobierno tuvo más ayudas. Fue fundamental el superávit de las corporaciones locales, que lograron un saldo positivo de 7.129 millones superior a lo que se les exigía. También fue capital el menor gasto en desempleo: las transferencias del Estado bajaron de 9.998 millones en 2015 a 3.883 millones en 2016. Esto obedece tanto a la caída del paro como a la disminución del porcentaje de parados con cobertura, que se redujo del 70,7% en 2011 al 55,74%. La compra masiva de deuda pública por el Banco Central Europeo (el BCE adquirió el año pasado 93.000 millones de deuda española) permitió al Estado financiarse mucho más barato (el ahorro fue del 5,6%, según Hacienda) pese a que la deuda pública creció en 2016 en 35.000 millones, hasta el récord de 1,105 billones.

A todo ello se sumó la subida de impuestos desde fines de 2016, una vez que, como admitió ayer Montoro, las rebajas que decidió en 2015 y 2016 (antes de las elecciones) redujeron la recaudación el 0,9% en contra de lo que asevera la teoría de Laffer, de la que fue defensor en el pasado.