La Fiscalía Superior de Asturias ha archivado la investigación que abrió sobre presuntas irregularidades en el uso de las subvenciones para formación recibidas por el sindicato CC OO en Asturias. Las pesquisas desarrolladas desde mediados de 2016 se han saldado con el siguiente resultado: el ministerio público aprecia indicios del desvío de dinero público al pago de gastos ajenos a los cursos, pero concluye al mismo tiempo que no es viable una acusación penal porque no se alcanzan los límites económicos que permiten hablar del delito de fraude de subvenciones (más de 120.000 euros) salvo en ejercicios anteriores a 2008 y que por tanto estarían prescritos.

Las indagaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de la denuncia de una antigua trabajadora de la Fundación Formación y Empleo (Forem), el instrumento que CC OO utilizó para gestionar e impartir cursos para parados y trabajadores ocupados y que desemanteló en Asturias en 2015. Tal denuncia, análoga a las que habían desencadenado antes una investigación sobre UGT que está en fase de instrucción en los tribunales, sostenía que CC OO había utilizado durante años fondos de formación para financiar su estructura, mediante prácticas como el desvío de parte de las ayudas al pago de nóminas de personal ajeno a la formación y de directivos del sindicato. Se apuntaba por tanto, como también ha ocurrido en el caso de UGT, que se cargaban al dinero público gastos de sueldos y cotizaciones sociales de personas que no tenían vínculos con los cursos o cuya dedicación parcial a ellos no justificaba que se imputaran los salarios a las subvenciones en el grado en que se hacía. Todo el trabajo de la formación, exponía la denuncia, lo hacía la plantilla de Forem.

La Fiscalía indagó en ello desde junio de 2016 con una línea de investigación dirigida a comprobar si las conductas denunciadas podían ser considerada a nivel indiciario como delitos de fraude de subvenciones, lo que habría dado pie a una querella del acusador público ante un juzgado. Según fuentes consultadas por este diario que están al tanto del caso, el fiscal encargado del caso decidió hace unas semanas el archivo de las diligencias al considerar que no resulta viable promover diligencias judiciales.

De acuerdo con la misma información, la Fiscalía encontró en CC OO indicios del desvío de dinero de las subvenciones a fines distintos de los cursos, pero su alcance económico en unos casos y el tiempo transcurrido en otros impide una persecución penal. El delito de fraude de subvenciones requiere que la cantidad presuntamente defraudada supere los 120.000 euros dentro del mismo año natural. Las cantidades justificadas ante el Principado como gastos de personal propios de CC OO para cargarlos a las ayudas únicamente superaron ese umbral de los 120.000 euros en 2006 y 2008. Al haber transcurrido más de cinco años, la Fiscalía entiende que las posibles infracciones penales están prescritas. En los años siguientes y hasta 2013, CC OO siguió cargando nóminas propias, distintas de las Forem, a las subvenciones, pero por cuantías que siempre estuvieron por debajo de los 120.000 euros.

La denuncia con la que se inició la investigación explicaba que CC OO subcontrató la gestión de la formación con su fundación Forem y que aprovechó los resquicios del procedimiento administrativo (la posibilidad de imputar costes indirectos por un valor de hasta el 20% del gasto subvencionable por parte de la entidad que subcontrata) para pagar con dinero del Principado nóminas de trabajadores que no tenían relación alguna con los cursos. En sus manifestaciones públicas, la dirección sindical que encabeza Antonio Pino ha defendido, como también ha hecho UGT en su propio proceso, que si se justificaban como gastos vinculados a la formación nóminas de empleados (y de miembros de la ejecutiva en el caso de CC OO) era porque hacían labores de apoyo a la formación.

Según ha conocido este periódico, la Fiscalía ha remitido su resolución al Servicio Público de Empleo del Principado al considerar que, si bien no cabe apreciar infracciones penales, las irregularidades detectadas pueden tener relevancia administrativa.