La salud financiera de las pensiones públicas empeorará este año y una de sus consecuencias será que la nómina de los jubilados no subirá presumiblemente más que el mínimo legal (0,25%) en 2018, al igual que en este año y en cada ejercicio desde 2014, según se infiere de los trabajos de un grupo de economistas especializados en el sistema de protección social. La creación de empleo que se espera no bastará para embridar el déficit de la Seguridad Social a corto plazo, añaden los expertos, y avisan de que los pensionistas (270.000 en Asturias) se exponen a sufrir desde este año pérdidas de poder adquisitivo.
El citado grupo de investigación, compartido por las universidades de Valencia y Extremadura, ha anticipado cuál puede ser para 2018 el denominado índice de revalorización de las pensiones. Se trata de una fórmula que tiene en cuenta las variaciones presentas y futuras de los ingresos y gastos del sistema y que ha sustituido a la inflación como referencia para determinar la subida anual de las pensiones dentro de una horquilla que se mueve entre un mínimo del 0,25% y un máximo equivalente al IPC más 0,5%. Hasta ahora ha funcionado así: el índice resultó negativo todos los años entre 2014 y 2017, reflejando los problemas financieros del sistema y dejando en el 0,25% la actualización anual de los ingresos de los jubilados.
Los datos del primer trimestre de 2017 sugieren que la misma situación se reproducirá para el próximo año, según los economistas. Calculan que el índice para 2018 será del -3,07%, peor que los de 2016 (-2,52%) y de 2017 (-2,96%). "Esto indica un empeoramiento de la situación financiera del sistema de pensiones español, como consecuencia de no cumplirse las expectativas en cuando al crecimiento de los ingresos", señalan los investigadores. Y concluyen también: "Sigue produciéndose un crecimiento relevante del PIB, próximo al 3%, pero no se traduce en un incremento similar de los ingresos por cotizaciones". Los autores mantienen en este punto una discrepancia de calado con los cálculos presupuestarios del Gobierno: consideran que los ingresos procedentes de cotizaciones crecerán el 2,8% en lugar del 5,7% que prevé el Ejecutivo. El Banco de España y la Autoridad Fiscal Independiente también han cuestionado el pronóstico del Gobierno al considerarlo demasiado optimista.
Un desfase como el descrito llevaría, por quinto año consecutivo, a una subida mínima del 0,25% en las pensiones para 2018. La inflación negativa que España registró hasta 2016 hizo posible que los pensionistas no perdieran capacidad de compra en ese ejercicio y en los inmediatos anteriores. "Pero, probablemente, esta situación cambiará en los próximos años. La vuelta a una inflación en el entorno del 2% será positiva para los ingresos del sistema, pero generará pérdidas de poder adquisitivo de las pensiones, lo que puede originar un problema importante de suficiencia en el futuro", remarca el informe de los economistas valencianos y extremeños.
Su documento llama la atención acerca de la necesidad de nuevas reformas en las pensiones como las que se discuten en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El grupo de expertos menciona, entre las posibles alternativas para reducir los gastos del sistema, un cambio en la financiación de las pensiones de viudedad y de orfandad, que pasarían de forma "progresiva" a tener la condición de prestaciones no contributivas (con una cuantía desvinculada del historial de cotización del trabajador fallecido) y a ser financiadas con impuestos y no a cuenta de las cotizaciones sociales. Según algunos autores, una reforma así tendería a reducir la cuantía de las pensiones de viudos y huérfanos.
