Los españoles se jubilan con una media de 64 años y, si bien no existen datos oficiales, cabe pensar que los asturianos lo hacen a una edad un poco más baja por el efecto estadístico de los retiros de los trabajadores de la minería, cada vez menos, que "entran en caja" generalmente unos años antes de los 60. Pese al retraso progresivo de la edad legal, una proporción muy relevante de los nuevos jubilados (más del 40%) lo hacen con 64 años o menos.
Los despidos y cierres empresariales de la crisis explican en buena medida ese volumen de bajas anticipadas, a menudo de personas que sufren una elevada penalización en sus ingresos como pensionistas. Al mismo tiempo hay otro colectivo que ha crecido en estos años, el de los trabajadores que voluntariamente se mantienen en activo más allá de la edad de jubilación. Frente a los prejubilados, tan abundantes durante las últimas tres décadas, estos trabajadores postjubilados (denominación que se recoge en algunos textos de sociología) son cerca de 170.000 en toda España, entre ellos alrededor de 3.000 asturianos, según una aproximación no oficial.
¿Quiénes son esas personas y qué les motiva a seguir trabajando cuando otros disfrutan de la jubilación? La gran mayoría son profesionales por cuenta propia. En algunos casos también, trabajadores asalariados que, como en el supuesto de los docentes universitarios, tienen la opción de prolongar su actividad después de los 65. Y otra parte de ellos, aunque no la más importante, corresponde a los ciudadanos que han decidido acogerse a las modalidades que permiten compaginar el cobro de la pensión de la Seguridad Social con un trabajo. El número de estos últimos ha crecido desde que una reforma de 2013 removió algunos obstáculos.
Según informes del Ministerio de Empleo, España es uno de los países europeos que con carácter general menos estimula la continuidad de la vida laboral una vez superada la edad legal de jubilación, a pesar de las recomendaciones contenidas en las estrategias de la UE para mejorar la suficiencia y viabilidad de los sistemas de pensiones. Europa defiende así el trabajo más allá de los 65: "Se derivan beneficios para la propia persona, al mantener su presencia activa en la sociedad durante más tiempo; para el conjunto de la sociedad, ya que podrá aprovechar de mejor forma el caudal de experiencias y conocimientos de las personas que prolongan la actividad, y para el sistema de pensiones, en cuanto experimentará menos tensiones financieras".
Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia y Suecia son algunos de los países donde s más fácil que en España cobrar la pensión y al mismo tiempo trabajar.
Se trata de estados con niveles de paro históricamente muchos más bajos que los de España, donde a la hora de legislar sobre este aspecto parecen haber pesado más los problemas que para el empleo de los jóvenes y para los costes laborales de las empresas pueda suponer alargar la actividad de los mayores que los posibles efectos benéficos sobre la actividad productiva y las cuentas públicas. Como dice el sociólogo Juan Díez Nicolás, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y un especialista en envejecimiento, en España se prescinde de los trabajadores "por los trienios y no por la productividad", en alusión a la extendida práctica de muchos empleadores de propiciar la jubilación prematura de los trabajadores mayores para sustituirlos por otros jóvenes y con salarios y cotizaciones más bajas.
La regla general en España es que el disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con el trabajo, "con las salvedades que legal y reglamentariamente se determinen". La principal de esas salvedades favorece a los miembros de algunos colegios profesionales.
Médicos, arquitectos, ingenieros o abogados tienen, por una norma de 1967, el privilegio de poder cobrar la pensión completa y a la vez seguir trabajando por cuenta propia (en una consulta o despacho) siempre que la cotización de ese trabajo se haga a través de una mutua profesional. Las suyas son las profesiones en las que es más frecuente la longevidad laboral.
Hasta la reforma de 2013, para el resto de los trabajadores había muy pocos incentivos para trabajar después de los 65 años. La llamada jubilación flexible permitía que un jubilado realizara un trabajo a tiempo parcial cobrando al mismo tiempo la pensión, aunque reducida en una proporción vinculada al tamaño de la jornada de trabajo. De lo poco estimulante que era este método es prueba el hecho de que en 2011 se produjeron en toda España 789 altas de jubilación flexible, que incluía una modalidad para los autónomos condicionada a que los ingresos anuales de su actividad por cuenta propia fueran inferiores al salario mínimo interprofesional.
Tuvo más predicamento la fórmula de la "jubilación demorada", figura en la que el trabajador puede retrasar la edad del retiro a cambio de una mejora en su pensión futura. El número máximo de altas en este sistema durante los últimos años fue, a escala nacional, el de las más de 21.000 de 2013. Desde entonces, esa fórmula entró en declive. Ocurrió a la vez que entró en vigor la reforma que puso en marcha la llamada "jubilación activa".
Con algo más de 39.000 casos este año, esta forma de compatibilizar trabajo y pensión funciona así: alcanzada la edad legal de jubilación y siempre que el autónomo o asalariado cumpla los requisitos para cobrar el 100% de la pensión, puede realizar el trabajo que quiera por cuenta propia o ajena renunciando al 50% de la pensión mientras dura esa actividad y abonado él o su empresa exclusivamente las cotizaciones por incapacidad temporal y accidentes, más una aportación especial "de solidaridad" equivalente al 8%.
Aquí no hay mejora para la pensión futura. Cuando el trabajador se jubile por completo pasará a cobrar el 100% de la base reguladora que ya tenía asegurado.
El atractivo que esta fórmula tiene para algunas personas, generalmente autónomos y otros empresarios, está detrás del aumento observado en el número de mayores que trabajan después de los 65 años en España y que presumiblemente también ha llegado a Asturias, si bien no existen datos públicos precisos sobre la región.
El incentivo es económico, pero hay más: "Es bueno para la salud mental de la gente mayor", reflexiona Juan Antonio Fernández, miembro de Secot-Asturias, organización que agrupa a profesionales jubilados que se dedican a realizar labores de apoyo a emprendedores y pymes. Para el Estado, el beneficio es un ahorro en el coste en pensiones en la medida en que durante un tiempo el trabajador sólo va a cobrar del sistema el 50% de su prestación. Aún así, el ahorro es sólo residual si se tiene en cuenta que, existiendo más de 8 millones de pensionistas, los que están acogidos a esta fórmula de jubilación activa son apenas el 0,5%.
Ese número podría aumentar si, como anunció la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en octubre de 2016, España hace compatible el cobro del 100% de la pensión con la actividad laboral. De ocurrir así la ganancia para el sistema de Seguridad Social se produciría únicamente si se obliga a cotizar a los postjubilados. Y siempre que su actividad no cierre el paso a la incorporación de nuevos cotizantes jóvenes en un país encadenado a la segunda mayor tasa de paro entre los menores de 25 años (42,9%).
