La Fiscalía Superior de Asturias ha solicitado que se prorroguen otros 18 meses las diligencias de investigación abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo por el presunto fraude en las ayudas a la formación concedidas a UGT de Asturias. La defensa del sindicato ha rechazado la medida, sobre la que tendrá que pronunciarse la juez en los próximos días.

La causa ya fue declarada compleja en mayo de 2016 y se fijó un plazo para su finalización de 18 meses. “No obstante, por la propia complejidad de los hechos a investigar, la misma no ha finalizado pues penden diligencias ya acordadas y otras que pueden derivarse de las mismas”, señaló el fiscal Gabriel Bernal, que solicitó al juzgado “la prórroga por igual plazo”.

Contra la petición del fiscal ya ha presentado alegaciones la representación legal de UGT de Asturias, que la considera “inmotivada” la medida. El abogado del sindicato, Francisco Alonso, señaló que “no es de recibo que después de tres años de investigación se pretenda dilatar más la instrucción, sin ofrecer causa ni motivo alguno, sin hechos concretos que investigar”. El letrado destacó que la UCO de la Guardia Civil ya inició las pesquisas a medidos de 2014 y que el Ministerio Fiscal, que presentó denuncia en diciembre de 2015 por un posible fraude en subvenciones (justificando unos gastos de alquiler de locales y equipamientos superiores a los realmente generados), no la ha ampliado.

No obstante, la UCO abrió una segunda línea de investigación vinculada a un posible desvío de fondos. Según los informes que la Guardia Civil entregó a la juez de instrucción, se cifra en más de 867.000 euros el dinero de ayudas públicas a la formación del periodo 2010-2014 que presuntamente fue desviado al pago de nóminas de personal de UGT que no realizaba labores vinculadas a los cursos. En el marco de esas pesquisas se produjo la detención del ex secretario general de UGT de Asturias Justo Rodríguez Braga.