La OCDE, foro multilateral que reúne a la mayoría de los países ricos y en cuyo ADN está la defensa de la economía de mercado, acaba de sugerir a sus miembros que exploren, como ya están haciendo Finlandia y Holanda, la posibilidad de establecer una renta básica universal como herramienta para reducir los niveles de pobreza. Que uno de los principales clubes del mundo capitalista haga esa propuesta habla de la inquietud que generan en las democracias occidentales fenómenos como el avance de la desigualdad económica y los riesgos para el empleo que se asocian a la nueva revolución tecnológica.
La posición de la OCDE revela asimismo que la defensa de una prestación así no es patrimonio exclusivo de los partidos de la izquierda (en España, Podemos la llevó en su programa electoral). Antes bien, entre los autores intelectuales de alguna de las modalidades de renta básica sobre las que se discute desde hace décadas están personajes como el economista estadounidense Milton Friedman (1912-2006), icono del neoliberalismo y autor en 1962 de una propuesta para garantizar unos ingresos mínimos a todos los individuos mediante una reforma del IRPF (creación de un impuesto negativo de la renta).
La viabilidad de una fórmula parecida a la de Friedman se examina en una reciente trabajo, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, que para el caso de Asturias arroja conclusiones como las siguientes: con una renta básica universal de 5.155 euros anuales por adulto (1.547 por cada niño), la pobreza severa se reduciría a menos de la mitad (del 8,9% al 3,5% de la población) y se produciría asimismo un recorte "potente" (del 26%) en el índice de desigualdad; esos resultados se alcanzarían tras una reforma del IRPF que transferiría mayor proporción de renta de las clases media y alta hacia las personas con menores recursos y que, según los cálculos comentados, haría que el 42% de los contribuyentes asturianos actuales elevara sus ingresos, mientras que el 58% los verían minorados al tener que tributar más.
Básica, universal e incondicionada. La renta que se plantea en ese informe (obra de los economistas Amadeo Fuenmayor y Rafael Granell, de la Universidad de Valencia) y también la que defiende la plataforma Red Renta Básica (participada por los también economistas Daniel Raventós y Jordi Arcarons, entre otros) se concibe como un ingreso monetario al que tiene derecho todo individuo con independencia de su situación económica o familiar. Esto es, al contrario que otros subsidios y ayudas, la renta básica la recibirían por igual a través del IRPF un millonario o un desempleado sin recursos. Las cuantías propuestas suelen coincidir con los límites estadísticos que marcan el umbral de la pobreza (unos 7.500 euros anuales por adulto), aunque otros autores utilizan como referencia la mayor ayuda social no contributiva (una pensión asistencial, por ejemplo) que existe ahora (los 5.155 euros antes citados).
De dónde sale el dinero. El coste total de una renta básica para España se ha llegado a calcular en más de 280.000 millones de euros, si bien de esa cifra habría que descontar, entre otros, los costes de otras prestaciones que desaparecerían. Crear la renta básica conlleva, según los diseños que se manejan a nivel teórico, suprimir todas las demás prestaciones que sean de cuantía inferior (pensiones asistenciales, subsidios de paro, vivienda, becas...). Las pensiones y las prestaciones de desempleo con cuantías superiores se mantendrían, pero descontando de ellas la renta básica que la persona recibiría a través del IRPF. El ahorro en todas esas partidas sería de hasta 92.000 millones, incluidos 2.400 millones de los gastos administrativos que se podrían suprimir (los de tramitación, verificación y control de las ayudas actuales). El resto de los recursos saldrían de una reforma integral del IRPF que puede resumirse así: supresión de todas las reducciones, deducciones y bonificaciones actuales, que serían reemplazadas por un mínimo exento único e igual para todos los ciudadanos, y aplicación sobre los restantes ingresos de cualquier procedencia (trabajo, pensiones, actividades económicas, ahorro...) de un tipo de gravamen también único del 49% o del 50% (según distintas propuestas).
Ganadores y perdedores. Los economistas de la Red Renta Básica vaticinan un recorte drástico de la pobreza con su propuesta de ingreso mínimo garantizado de 7.400 euros anuales. Y defienden que ello sería posible con un sobrecoste para el Estado de unos 24.000 millones de euros, equivalente a 2,4 puntos de PIB y por tanto "asumible". Su fórmula se basa en la exigencia de mayor esfuerzo fiscal a una parte de la clase media y a los más acaudalados. Según sus cuentas, cerca del 80% de los ciudadanos tendría ganancias de renta, y los perdedores (los que perderían renta respecto a la situación actual al tributar más) serían los que ahora ingresan por encima de 31.000 euros brutos al año.
Pero los efectos de una renta básica universal y de los cambios en el IRPF que conlleva no son homogéneos dentro de España. Según el informe del Instituto de Estudios Fiscales sobre el ejemplo de una prestación de 5.155 euros, las comunidades más beneficiadas (las que tendrían una mayor proporción de contribuyentes ganadores respecto a la situación precedente) serían Murcia, Extremadura y Andalucía, comunidades con salarios bajos y altas tasas de pobreza. En Asturias, las 270.000 personas que mayores ingresos declaran (el 58% de las que tributaron por IRPF en 2013, año de referencia en el estudio) saldrían perdiendo, al quedar obligadas a tributar más, y la renta agregada de la región se reduciría por ello en 222 millones. Sería el precio por situar el índice pobreza en uno de los niveles más bajos de Europa.
