Tibios, prudentes en sus expresiones como para evitar pisar callos y con respuestas casi calcadas, tal que si las hubiesen aprendido de memoria para asegurarse no decir más allá de lo estrictamente preciso o algo que les pudiera acarrear algún quebradero de cabeza, por pequeño que fuera. Así comparecieron ayer Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbank, y Jesús Ruano, director de Finanzas y Desarrollo Corporativo del banco, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el saqueo de la CAM. Ambos, que prestaron declaración como testigos, negociaron entre 2010 y 2011 la fusión con CAM: el primero, como presidente de Cajastur y el segundo como director de Empresas Participadas de la caja asturiana.

Ayer, los dos directivos de Liberbank aseguraron que no conocieron la difícil situación de CAM hasta enero de 2011 y que fue entonces cuando (al igual que hicieron Caja Extremadura y Caja Cantabria) decidieron deshacer el acuerdo de fusión para excluir a CAM. Ambos aseguraron que tomaron conciencia de la situación real de CAM cuando se les notificó un escrito del Banco de España en el que se cuantificaba en 1.000 millones la necesidad de provisiones de CAM para cubrir riesgos y en otros 1.000 millones la pérdida esperada para 2011. "Eran motivos más que suficientes para no seguir adelante", afirmaron. Menéndez y Ruano sostuvieron que la fusión fue inviable por el raudo deterioro de la caja alicantina: "Los resultados de CAM empeoraban a gran velocidad y se vio que el presupuesto era incumplible".

Los directivos de Liberbank pusieron de manifiesto en la vista oral que no recuerdan haber recibido ninguna previsión de pérdidas por parte de la CAM mientras se negociaba la integración. "Todos los presupuestos eran positivos", declaró Ruano. En el sumario obra un documento interno de CAM con una previsión de números rojos de 449 millones para 2011.

Ni Menéndez ni Ruano dijeron algo que no se supiera o que no hubieran dicho ya en la fase de instrucción, aunque quizá con más mesura. Fruto, también puede ser, del paso del tiempo.

Ruano explicó que la lamentable situación financiera de CAM se fue conociendo en los meses posteriores una vez que empezaron las conversaciones a mediados de 2010. Menéndez matizó que hasta enero de 2011, más de medio año después, no supieron que CAM tenía pérdidas. A la pregunta del fiscal sobre cuándo empezaron a percatarse de que los resultados de la CAM no eran los que les estaban contando, Menéndez, más esquivo que su subordinado, llegó a contestar con un "ni sospechamos ni dejamos de sospechar. Cuando tuvimos los datos, tomamos la decisión". Menéndez agregó que por esas fechas la pésima situación de CAM "era pública y conocida" y que poco a poco también se fue sabiendo que "la necesidad de capital era mayor", lo que hizo "imposible" el proyecto.

El hecho determinante que hizo saltar las alarmas fue cuando una inspección del Banco de España dejó al descubierto una "muy importante" reclasificación de créditos (las polémicas titulizaciones con las que supuestamente se vendían los créditos fallidos pero que tenían una opción de recompra que hacían que volvieran a la CAM), lo que reveló que el patrimonio y la evolución de la entidad era mucho peor de lo previsto. Con estos datos, explicó el testigo, se vio que las previsiones eran "incumplibles" y que el proyecto de fusión "carecía de viabilidad".

El administrador de CAM nombrado por el Estado a mediados de 2011, José Antonio Iturriaga, dijo que no dio credibilidad a los estados financieros presentados por los directivos de la caja para ese ejercicio porque "no es posible" que pidieran la intervención y a la par defendieran que estaban obteniendo beneficios.