La segunda reunión que hoy celebrarán en Madrid la dirección de Liberbank y los sindicatos, tras la pretensión del banco de prorrogar la regulación de plantilla con un nuevo pacto hasta fines de 2019 que sustituiría al ahora en vigor -y que vence el día 30-, se aborda con posiciones diferenciadas en el seno de la representación sindical.
Hay una generalizada exigencia a la empresa -compartida por todas las centrales- de documentación y datos que avalen la necesidad de la nueva medida, que la empresa atribuye a la prolongación de la política monetaria de tipos cero del BCE, que ha llevado al euribor a tasas negativas por vez primera y al estrechamiento de márgenes del negocio financiero. Pero mientras unos sindicatos (caso de CSI) ya anticiparon su negativa a respaldar el ajuste, otros se reservan su opinión hasta analizar la propuesta empresarial.
También hay diferencias -como ocurrió en anteriores procesos- sobre el ámbito de negociación. La empresa plantea un único expediente para Liberbank y su filial CCM, y por lo tanto una sola mesa de negociación, lo que hasta ahora siempre fue respaldado por CC OO, UGT y CSIF, con un peso superior en el conjunto del grupo que en alguna de sus partes. Pero CSI, STC y CSICA, que tienen un mayor peso sindical en Liberbank que en el conglomerado, demandan dos negociaciones diferenciadas y aducen que la marcha de CCM penaliza los resultados consolidados, por lo que exigen que la empresa desagregue los datos del banco matriz y de su filial.
El expediente de regulación temporal aún vigente (que entró en vigor en 2014 y vence el día 30) fue firmado por tres de los ocho grupos sindicales del grupo (CC OO, UGT y CSIF), y el plan de excedencias y bajas voluntarias que se está aplicando desde junio de 2016, y que culmina en marzo de 2018, lo fue por dos de ellos (CSIF y UGT) y por CSICA.
El plan de regulación temporal que ahora plantea el banco para aplicar desde el 1 de julio y hasta fines de 2019 pretende un ajuste adicional de plantilla del 13%, con la supresión, mediante bajas voluntarias, de 525 de los 4.011 empleos actuales, de los que un millar están en Asturias.
La merma de sueldos
Las otras dos medidas que persigue el banco supondrían la prórroga durante 30 meses más de los planes actuales sobre reducción de jornada (y la merma salarial en la misma proporción) y sobre movilidad geográfica para cubrir los desequilibrios de plantilla que se produzcan.
El plan de rescisiones de contrato incentivadas con indemnizaciones está diseñada para los empleados que cumplan 59 años o más, pero será también accesible para el resto del personal.
En el caso de los traslados, el banco propone aplicarlos en las mismas condiciones que figuran en el ERTE que vence el día 30. Según este documento, "la movilidad geográfica únicamente será aplicable en supuestos de cierre de oficinas y reestructuración de servicios centrales". Las compensaciones económicas establecidas en el acuerdo colectivo del 3 de enero de 2011 sólo se aplican si los traslados superan los 50 kilómetros. Y "en el caso de que el trabajador rechace el traslado y éste sea a más de 50 kilómetros, tendrá derecho a la indemnización por extinción de contrato".
En cuanto al recorte de jornada (y de salario en la misma cuantía) se aplicaría de forma generalizada y en los mismos términos en que se está realizando ahora con el expediente de regulación que finaliza este mes, con la salvedad que el ajuste será más suave. Ahora se aplican recortes (mayores cuanto más altos son los niveles remunerativos) entre el 10,04% y el 30%, y desde el 1 de julio se reducirían a un rango entre el 10,04 y el 13,56%. El resto de las condiciones seguirían igual.
