La jueza que instruye el caso de presunto fraude en los cursos de formación de UGT de Asturias ha decidido prorrogar la investigación otros 18 meses. La magistrada María del Carmen Blanco, a través de un auto fechado el 5 de junio, ha dado luz verde a la solicitud del fiscal Gabriel Bernal, que había destacado la "complejidad de los hechos a investigar" y había apuntado que aún hay pendientes "diligencias ya acordadas y otras que pueden derivarse de ellas".

La jueza no ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por las defensas de UGT de Asturias y de las sociedades vinculadas al sindicato, que consideraban "inmotivada" la prórroga de la instrucción. El abogado de UGT, Francisco Alonso, había señalado que no era de recibo que después de tres años de investigación se pretendiera dilatar más la instrucción "sin ofrecer causa ni motivo alguno, sin hechos concretos que investigar". El letrado había destacado que la UCO de la Guardia Civil ya había iniciado las pesquisas a medidos de 2014 y que el Ministerio Fiscal, que presentó denuncia en diciembre de 2015 por un posible fraude en subvenciones (por justificar unos gastos de alquiler de locales y equipamientos cerca de 500.000 euros superiores a los realmente generados), no la ha ampliado.

No obstante, la UCO abrió una segunda línea de investigación vinculada a un posible desvío de fondos. En los informes que la Guardia Civil entregó a la jueza de instrucción, se cifra en más de 867.000 euros el dinero de ayudas públicas a la formación del periodo 2010-2014 que presuntamente fue desviado al pago de nóminas de personal de UGT que no realizaba labores vinculadas a los cursos. En el marco de esas pesquisas se produjo la detención del ex secretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, y otros cinco dirigentes y trabajadores del sindicato, y se tomó declaración en sede judicial a otras 15 personas.

La jueza considera, al igual que el fiscal, que aún hay diligencias pendientes que justifican la prolongación de las investigaciones otros 18 meses. La UCO de la Guardia Civil se incautó de correos electrónicos de los responsables del sindicatos y de sociedades relacionadas, y de tres discos duros con información económica, de personal y de la asesoría jurídica. El análisis del contenido de esos dispositivos aún no ha concluido y además están pendientes algunas declaraciones solicitadas, como la de José Luis Hidalgo, ex gerente de Infastur, una de las empresas vinculadas a UGT que participaban en la dotación de las aulas de los cursos.

Las asociaciones personadas en el caso, representadas por el abogado Alberto Suárez, estaban a la espera de que la jueza prolongara la instrucción para solicitar nuevas diligencias de investigación.