Las principales empresas asturianas se han dotado en los últimos años de códigos internos de conducta que obligan a todos los empleados y particularmente a los directivos a evitar y combatir las prácticas delictivas que puedan producirse dentro de las compañías. Tales normas suelen recoger prohibiciones específicas para prevenir la corrupción privada o pública. Uno de los rasgos comunes en todas las compañías es además la creación de canales confidenciales de denuncia (mediante correos electrónicos o llamadas telefónicas) para que trabajadores, proveedores o accionistas puedan alertar sobre conductas irregulares.
El estímulo al "chivatazo", según una expresión utilizada incluso por los juristas para describir una de las características de los planes de prevención de los delitos dentro de las empresas, forma parte de las estrategias que están siguiendo sobre todo las compañías de mediano y gran tamaño para protegerse de posibles reclamaciones penales y también para preservar su imagen corporativa. Una reforma del Código Penal de 2010 estableció por primera vez en España que las empresas como tales, y no sólo sus empleados y administradores, podían ser condenadas por la comisión de delitos (tributarios, medioambientales, contra la salud de las personas, contra el patrimonio?). Otra reforma de 2015 añadió otro cambio que de hecho ha activado de verdad la aplicación de la responsabilidad penal de las personas físicas, común en el derecho anglosajón y sin tradición en la Europa continental: la posibilidad de que las compañías queden eximidas de tal responsabilidad o la puedan atenuar si despliegan programas de prevención ("compliance", en la jerga profesional).
Antes y después de 2015, empresas como Arcelor Mittal, Duro Felguera, TSK, GAM o la Corporación Masaveu, aprobaron y empezaron a aplicar ese tipo de planes. Algunos de sus rasgos se explican en los siguientes puntos, particularmente en lo referido a la relación con la corrupción.
Veto a los regalos. "Arcelor tiene una política de lucha contra la corrupción de tolerancia cero", afirma el presidente de la multinacional siderúrgica, Lakshmi Mittal, en una carta que encabeza el código de conducta anticorrupción que Arcelor actualizó en 2014. Allí se establece: "No ofreceremos o daremos, directa o indirectamente, ningún objeto o prestación de valor a funcionarios públicos, incluyendo trabajadores de empresas de titularidad pública, con el propósito de influir en un acto o decisión para lograr que la compañía obtenga o retenga negocios". La prohibición de las dádivas a funcionarios o políticos se repite en todas las empresas. El código de Corporación Masaveu lo expresa así: "Los empleados no podrán autorizar, ofrecer ni aceptar regalos u obsequios en el desarrollo de su actividad profesional". La norma tiene sus excepciones: que los obsequios "sean de valor económico irrelevante o simbólico" y "respondan a signos de cortesía o atenciones comerciales usuales".
Duro Felguera -involucrada desde el año 2015 en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos pagos a un exviceministro en Venezuela- establece en su código ético, aprobado en 2009 y actualizado en 2015, que está vedada ,"de forma estricta", "la corrupción en todas sus formas": los sobornos para que la compañía obtenga alguna ventaja, lo pagos "encubiertos" con el mismo fin (a través de terceras personas) y también "los pequeños pagos que los funcionarios pueden exigir para agilizar o garantizar el cumplimiento de sus funciones normales". Como refleja también el texto de la compañía, en algunos países "esos pagos son comunes".
Los políticos. En varias de las compañías aparecen referencias explícitas a los políticos. Corporación Masaveu incluye expresamente a los partidos cuando prohíbe, "en particular", "dar o recibir cualquier forma de soborno o comisión". Y se añade en su documento: "Los empleados no podrán realizar, ni directa ni indirectamente, donaciones a los partidos políticos ni contribuir en modo alguno a su financiación". El código Arcelor es menos rotunda sobre la posibilidad de hacer aportaciones a organizaciones políticas o sindicales. La acerera precisa que las contribuciones en ambos casos "sólo podrán hacerse de conformidad con la legislación aplicable (en cada país)" y de forma transparente (" los requisitos para la divulgación pública deben ser plenamente cumplidos"). Si se plantea alguna de esas aportaciones, antes deben autorizarlo por escrito distintos niveles de la dirección. General de Alquiler de Maquinaria (GAM), empresa presidida por el líder de la patronal asturiana, Pedro Luis Fernández, prohíbe también en su código "el apoyo público a cualquier partido político con independencia de su ideología".
Conflictos de intereses. Un rasgo común en todos los reglamentos es la regulación de los "conflictos de interés", las situaciones en que, por ejemplo, un empleado o directivo puede verse tentado a beneficiar a familiares al seleccionar proveedores de bienes o servicios. "Se considera conflicto de interés toda situación en la que entre en colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la compañía (?) y el interés de los profesionales, de manera que la imparcialidad de la actuación de éstos pueda resultar comprometida por causa de sus vinculaciones familiares, profesionales, económicas o de otra naturaleza", se lee en el código de Duro Felguera. En el de Corporación Masaveu se especifica que "existirá interés personal del empleado cuando el asunto le afecte a él o a una persona con él vinculada": la pareja, padres, hermanos y sus cónyuges. Se añade: "Las relaciones internas o externas que se entablen en razón del puesto de trabajo no se utilizarán en beneficio propio ni en el de familiares o empresas vinculadas".
Blanqueo de capitales. GAM y Masaveu son dos de las corporaciones que también incluyen referencias a cuestiones como el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la prevención de los delitos económicos. El grupo de alquiler de maquinaria señala que "cumplirá con las disposiciones nacionales e internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales" y que "no establecerá relaciones de negocio con personas o entidades que no cumplan dicha normativa". Masaveu -con directivos investigados dentro del "caso Musel"-, señala, en alusión al blanqueo, que "los empleados deberán prestar especial atención a aquellos casos en que pudieran existir indicios de falta de integridad de las personas o entidades con las que el grupo mantiene relaciones".
