La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke Köning, se negó a hacer público, por sus contenidos confidenciales, el informe de la consultora Deloitte en el que se basó la intervención del Banco Popular el 7 de junio y su venta al Santander por un euro, como le reclamó ayer en el parlamento europeo el eurodiputado asturiano Jonás Fernández. Köning también negó haber hecho las declaraciones que le atribuyó Bloomberg en mayo sobre la existencia de una vigilancia especial sobre el Popular y que, según Fernández y muchos analistas, pudo intensificar la fuga de depósitos del banco. "Nunca fuimos indiscretos. No hablamos de una entidad concreta", dijo.
La comparecencia de Köning, a solicitud del diputado socialista ovetense, se produjo poco después de que el vicepresidente de la Comisión Europea para el euro, Valdis Dombrovskis, hubiese declarado que "la decisión legal" de la resolución del Popular fue un "acto jurídico europeo" y que por ello sólo es susceptible de recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia.
Köning dijo que la decisión tomada fue "la más adecuada" y justificó que la fórmula fuese distinta a la de los bancos vénetos porque el Popular, por su tamaño, afectaba, dijo, al "interés general".
Jonás Fernández le reprochó que haya sido locuaz en mayo y opaca tras la decisión de junio.
