Rodolfo Cachero Pereda, empresario propietario de Compañía Minera Asturleonesa, sociedad titular de la explotación carbonera de Cerredo (Degaña), se encuentra en situación de busca y captura después de que el Juzgado de lo penal número tres de Oviedo haya ordenado su ingreso en prisión para cumplir la condena de 30 meses que se le impuso a principios de año por fraude fiscal cuando estaba al frente de Coto Minero Jove, otra sociedad hullera de que operó en el concejo de Aller. Paralelamente, el juez mercantil ha apartado a Cachero de la gestión de Asturleonesa, que se encuentra en concurso de acreedores.
Rodolfo Cachero, que ha tenido negocios en variopintos sectores (construcción, distribución, hostelería, servicios aeroportuarios y medios de comunicación, entre ellos), trata de frenar su encarcelamiento al presentar ante el referido Juzgado ovetense recursos que "están pendientes de resolución", según explicó ayer el abogado del empresario, Francisco Maroto, quien también defiende al extesorero del PP Luis Bárcenas en el proceso "Gürtell". Según las explicaciones del jurista, en tales recursos se consideran "discutibles" los fundamentos de la orden de prisión y se exponen discrepancias que se refieren también al monto de la pena que Cachero debe cumplir.
La orden de prisión fue emitida hace varios días, sin que el empresario se personara para ingresar en el centro penitenciario. Su abogado confirmó que su situación actual es de busca y captura, de forma que las fuerzas de seguridad tienen instrucciones para detenerlo. Hasta ayer, Cachero no había sido arrestado. Este diario intentó ponerse en contacto con el industrial, sin que fuera posible la comunicación telefónica.
La situación de Rodolfo Cachero ante su condena por fraude fiscal se asemeja a la que se produjo en el año 2000 después de que el mismo empresario fuera condenado por otro fraude tributario cometido en 1993 y 1996. En el otoño de aquel año, un Juzgado ovetense lo puso en busca y captura ante la imposibilidad de notificarle una orden de arresto e ingreso en prisión en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco, para cumplir una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel por defraudar 186 millones de las antiguas pesetas (equivalentes a 1,12 millones de euros) con el IVA en la explotación carbonera de Coto Minero Jove, conocida como Jovesa y situada en el municipio de Aller. Cachero fue finalmente detenido en agosto de 2001 y cumplió condena.
La que ahora tiene ahora pendiente se refiere a un total de ocho delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2002 y 2004 también en Jovesa. En febrero de 2016, el juez de primera instancia fijó penas de un año de prisión por cada uno de los delitos. La Audiencia Provincial revisó después la pena al estimar el atenuante de dilación indebida del proceso, rebajándola a 10 meses de privación de libertad por cada delito. Con arreglo a lo que marca la legislación española, el tiempo máximo que Rodolfo Cachero debería permanecer en el prisión no puede exceder de 30 meses, el triple del mayor de las penas impuestas. La sentencia también condenó al empresario al pago de multas por un valor total de 3,75 millones de euros.
La orden de encarcelamiento de Rodolfo Cachero llega cuando la Minera Asturleonesa se encuentra en concurso de acreedores. Al tener conocimiento de la situación penal del empresario, el Juzgado de lo mercantil número dos de Oviedo ha decidido suspender las facultades que conservaba Cachero como gestor ante la imposibilidad de que las desempeñe en cuanto se produzca su ingreso en prisión. La gestión pasa así a los administradores concursales para preservar la "normal actividad" de la compañía, según reza un auto del magistrado mercantil dictado anteayer. Cachero se había opuesto a esa decisión alegando que el pasado 24 de julio, en una reunión extraordinaria de la junta general de accionistas, ya se habían designado nuevos administradores.
Fuentes sindicales explicaron que meses atrás la representación de la plantilla, formada por casi 200 trabajadores, había solicitado que Cachero fuera relevado como administrador al discrepar de su forma de gestionar la compañía. Tras superar un expediente de regulación, los trabajadores están trabajando con normalidad este año y percibiendo su salarios.
