Rodolfo Cachero Pereda, dueño de Compañía Minera Asturleonesa, ha desplegado una estrategia jurídica para tratar de frenar la ejecución de la sentencia que le obliga a cumplir hasta 30 meses de cárcel por delito fiscal. Mientras el empresario permanece en paradero desconocido, sus abogados han presentado una serie de recursos ante el juzgado penal número tres de Oviedo con el propósito de que se suspenda la orden de detención e ingreso en prisión que fue dictada el pasado mes de julio.

El arresto de Cachero no se había producido ayer y los testimonios recabados no permitieron precisar si el industrial minero se encuentra o no en Asturias. Según los trabajadores de la mina de Cerredo (Degaña), perteneciente a la Minera Asturleonesa, el empresario no se deja ver por la explotación desde hace al menos quince días. Lo habitual es que acuda a Degaña unas dos veces por semana (lunes y viernes). Sus recientes ausencias coincidieron después de que el juzgado dictara la ejecución de la sentencia por ocho delitos contra la Hacienda Pública, cometidos entre 2002 y 2004 en Coto Minero Jove (Jovesa), otra explotación carbonera situada en el concejo de Aller de la que fue propietario y gerente.

En esas mismas fechas la actividad corporativa de Cachero y de Asturleonesa no se detuvo. El pasado día 24 de julio, cuando el juzgado ya había ordenado la ejecución de la sentencia penal, la junta general de la sociedad controlada por el empresario se reunió con carácter extraordinario para designar nuevos administradores. Rodolfo Cachero trataba así de mantener en su órbita la gestión de la mina de Cerredo, en concurso de acreedores desde hace meses por deudas con Hacienda y con los trabajadores, entre otros acreedores.

Sin embargo, el juez mercantil decidió finalmente suspender las facultades de administración que tenía Cachero y traspasárselas a los administradores concursales, si bien el industrial minero conserva la titularidad de la explotación, que le fue adjudicada en 2014 tras la quiebra de Coto Minero Cantábrico (CMC), perteneciente al grupo del empresario leonés Victorino Alonso.

El paradero de Rodolfo Cachero era ayer una incógnita. Su abogado, Francisco Maroto, señaló que no conoce dónde se encuentra el empresario. El letrado explicó que la situación legal de su cliente está pendiente de lo que resuelva el juzgado ovetense que lo condenó sobre varios recursos formulados en las últimas semanas en relación a la orden de ejecución de sentencia. En tales recursos se defiende que su presentación debe dar lugar, mientras se resuelven, a la suspensión del encarcelamiento. Según conoció este periódico, el requerimiento para el ingreso en prisión no fue notificado personalmente a Cachero, sino a su representación procesal. Cachero está condenado también al pago de multas por valor de 3,75 millones de euros.