05 de agosto de 2017
05.08.2017

Ofensiva legal de Del Valle contra la intervención del Banco Popular

El inversor asturmexicano y sus socios tachan de ilegal la actuación del organismo europeo que decidió resolver la entidad

05.08.2017 | 07:05

El grupo de accionistas mexicanos del Banco Popular que lidera el empresario de origen asturiano Antonio del Valle formalizó ayer la presentación en Europa de un recurso contra la resolución de la entidad madrileña, con la intervención y posterior adjudicación de la propiedad al Santander por un euro. Del Valle y sus socios defienden ante la Junta Única de Resolución, responsable de la decisión sobre el Popular, que la actuación de este organismo europeo fue ilegal y que vulneró derechos fundamentales de los accionistas.

Según los inversores mexicanos, representados en este recurso por el bufete estadounidense Kirkland & Ellis, el Popular no estaba en graves dificultades ni probablemente fuera a estarlo, sino que se enfrentó a un problema de liquidez a corto plazo que se precipitó, según esta versión, a raíz de unas declaraciones de la presidenta de propia Junta de Resolución, Elke König. La directiva alemana afirmó en plena crisis del Popular, según recogió Reuters, que el organismo vigilaba de cerca la situación del banco por si fuera necesaria su intervención. De acuerdo con la denuncia de los accionistas, esas manifestaciones llevaron a los depositantes a concluir que el banco se enfrentaba a una resolución inminente. En las fechas previas a la intervención se produjo una masiva retirada de depósitos, entre ellos los de muchas empresas e instituciones.

El grupo de Del Valle, que controlaba el 4,13% del banco y que perdió más de 500 millones en la crisis, alega también que el organismo europeo tampoco consideró "otras opciones privadas que hubiera evitado la resolución". El inversor asturmexicano y sus socios había manifestado semanas antes a otros accionistas cualificados su disposición a acudir a una ampliación de capital para sujetar el Popular. Según trascendió poco después de la caída del banco, Del Valle y otros socios estaban en posición de haber inyectado hasta 2.500 millones en el banco, lo que les hubiera dado el control. "Las acciones ilegales y sin precedentes que se toman aquí ponen en peligro la credibilidad y la integridad de todo el sistema bancario europeo", señaló ayer Javier Rubinstein, abogado de Kirkland & Ellis.

El despacho español Ontier está preparando otras acciones legales que Del Valle y sus socios desplegarán dentro de España. En las últimas fechas, un familiar del inversor asturmexicano firmó un recurso contra la Administración española en el que se pide que cautelarmente se suspenda la integración del Popular en el Santander.

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