Los siete ayuntamientos asturianos que superan los 20.000 habitantes (Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Mieres y Castrillón) podrán establecer recargos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para reforzar sus recursos económicos si sale adelante una propuesta del comité de expertos que ha evaluado para el Gobierno y las instituciones locales las posibilidades de reforma del sistema de financiación. Los llamados "sabios" de las haciendas municipales plantean al mismo tiempo dar un vuelco al modelo de participación de los concejos en los ingresos del Estado, que, según su criterio, ha generado en los últimos años problemas notables de falta de equidad.
Las administraciones municipales tienen ahora capacidad para actuar sobre distintos tributos de su ámbito: el IBI, la viñeta, el impuesto de construcciones y obras, el de actividades económicas y las plusvalías, básicamente. Pueden subir y bajar los tipos impositivos y modificar las bases imponibles, mediante bonificaciones o recargos, dentro de unos límites que marca la ley de Haciendas locales. Tales capacidades entroncan con el principio de la llamada "corresponsabilidad fiscal". Resumido, viene a suponer lo siguiente: en caso de que una corporación quiera disponer de servicios o equipamientos extra, el aumento del gasto que eso supone debe sostenerse mediante incrementos paralelos de los ingresos tributarios, de forma también que los gestores asumen el coste político que ello pueda conllevar.
En línea con ese principio, la comisión de expertos propone una vía para ampliar la corresponsabilidad fiscal en los ayuntamientos: "Se considera oportuno habilitar (?) el ejercicio de una cierta capacidad normativa a efectos de que puedan ampliar sus recursos e incorporar elementos de personalización de la carga tributaria a nivel local. Entre las distintas alternativas disponibles, la figura más adecuada para imponer un recargo es el IRPF", exponen los hacendistas en una de las conclusiones del informe presentado el pasado julio.
De ser incluido en la cercana reforma de la financiación local, ese mecanismo funcionaría del siguiente modo: los municipios de más de 20.000 habitantes que así lo deseen "podrán establecer un recargo de tipo fijo sobre la cuota líquida en su tramo estatal", lo que supondría de hecho un aumento de la carga fiscal del IRPF para los contribuyentes que residan en el concejo. Los expertos no concretan en su informe cuál podría ser el alcance de ese recargo, aunque de manera oficiosa se ha hablado de una horquilla entre el 1% y el 5%. Como se trataría de aplicar el gravamen sobre el tramo estatal de la cuota líquida, que supone en torno al 50% de lo que paga efectivamente el contribuyente por IRPF, el impacto real con una horquilla como la descrita sería de entre el 0,5% y el 2,5% aproximadamente.
"Si un ayuntamiento quiere por ejemplo abordar una obra singular, podría recurrir a esos recargos", resume Javier Suárez Pandiello, catedrático asturiano de Hacienda Pública y uno de los expertos que participó en la comisión sobre la financiación local a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias. De acuerdo con sus explicaciones, la posibilidad de facultar a los consistorios a crear recargos en el impuesto de la renta tiene precedentes en España: esa capacidad existía en los años 80, pero el Tribunal Constitucional la tumbó por un fallo en el diseño de la regulación (el porcentaje de recargo era único, sin margen para que las corporaciones eligieran entre distintas opciones).
La posible creación de un nuevo gravamen local sobre el IRPF se plantea en el contexto de una propuesta de reforma de gran alcance en las transferencias que ahora llegan a los ayuntamientos como participación en los ingresos del Estado. Las instituciones municipales reciben un porcentaje de la recaudación del propio IRPF, del IVA y de los impuestos especiales. Después de los ingresos tributarios, tales transferencias constituyen el principal paquete de la financiación municipal. En Asturias, ese dinero supone ahora unos 300 millones de euros al año, casi un tercio de todos los fondos que manejan los 78 concejos de la región.
El comité de expertos, subrayó Suárez Pandiello, asumió la opinión, defendida desde hace años por hacendistas como el asturiano, de que el diseño del mecanismo de participación en los tributos del Estado genera problemas notables de equidad y que tiende a agravar las diferencias de bienestar entre los concejos más ricos y los que lo son menos. Es así por situaciones como la siguiente, según el catedrático: los ingresos ligados al IRPF están asociados a la recaudación en cada territorio y por tanto a su nivel de riqueza; en la medida en que aumente, lo hace también el dinero que reciben; para un municipio singularmente dinámico (por ejemplo, el madrileño de Pozuelo de Alarcón), el modelo puede suponer intensos aumentos anuales de los ingresos procedentes de las transferencias; al mismo tiempo, existe un fondo complementario para reforzar la financiación de concejos menos prósperos, pero se actualiza con arreglo a una tasa (el aumento medio anual de la recaudación del Estado) que siempre va a ser inferior al incremento que consigan los territorios más ricos y dinámicos.
Para contribuir a contener situaciones como esas, los "sabios" de la financiación local plantean ir a un modelo "más equitativo" basado tanto en las necesidades y las capacidades fiscales de los ayuntamientos y con mecanismos de "nivelación" para suavizar las desigualdades. Se plantea por ejemplo suprimir el régimen específico que ahora tienen los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes y repartir el dinero en función de la población en el caso de los concejos que superen los 20.000 y considerando otros factores como la dispersión geográfica en el supuesto de los territorios menos poblados.
