El abogado de UGT, Francisco Alonso, negó ayer que se haya producido cualquier incremento patrimonial del sindicato con las subvenciones de formación o cualquier otra irregularidad como su supuesto desvío a pagar nóminas de la plantilla del sindicato. En cuanto al local de Oviedo, el letrado señala que se abonó un alquiler por aula equipada.
Alonso recalcó que tras los atestados de la UCO "no hay acusaciones ni sobre una cosa ni sobre la otra", lo que a su juicio demostraría que los informes son inconsistentes. El letrado agregó que va a solicitar la nulidad de los informes de la UCO, realizados sin que los solicitara ni el juez instructor ni el fiscal, cuando la causa ya estaba en el juzgado e interrogando a 56 trabajadores "espigando a 10", que además cuando declararon en el juzgado "aclararon" la situación. A este respecto, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero acusó a los agentes de la UCO de haber realizado "preguntas no tendenciosas" en los interrogatorios a los trabajadores del sindicato.
Fernández Lanero pidió ayer "celeridad" en la instrucción, "porque si cuando esta causa termine dentro de año y medio y no hay nada, el daño a la UGT ya está hecho". Lanero señaló que "los cursos se han dado, hemos accedido a ellos legalmente, los hemos impartido legalmente y los hemos justificado legalmente. Si eso que han validado unos funcionarios de los servicios públicos de empleo vienen otros funcionarios policiales y dicen que se equivocaron, bueno, estamos a disposición para aclarar lo que sea, pero es que llevamos dos años diciendo que estamos a disposición".
