El juzgado de lo mercantil número dos de Lugo acaba de dictar una providencia (una medida cautelar a la espera de la sentencia definitiva) por la que obliga a Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), la filial industrial de Central Lechera Asturiana (Clas), a cumplir el contrato que había firmado con la empresa Casa Macán para la elaboración, en sus instalaciones lucenses, de quesos. Fuentes de la compañía regional aseguraron que no tienen conocimiento de ninguna resolución en este sentido y aseguran que fue la firma gallega la que no cumplió con lo que se había firmado.

El conflicto se remonta a marzo de 2016 cuando ambas compañías rubricaron un acuerdo para que en la quesería de Taboada (Lugo), que controla Casa Macán, se fabricaran algunos de los productos que hasta entonces se venían haciendo en la planta de Larsa (marca de Capsa) de Villagarcía de Arousa (Pontevedra). El problema parece estar en la interpretación de este contrato. La compañía gallega entiende que se trataba del inicio de una relación estable que, según explica su consejero delegado Eladio Rigueira, les obligó a realizar una inversión de tres millones para adaptar sus instalaciones.

Sin embargo, Capsa asegura que primero lo que se firmó fue "un contrato marco de colaboración" con la condición de que Casa Macán superara "una serie de estándares operativos y de calidad" para poder alargar la relación. Pero la gallega no aprobó el examen por lo que, defiende Capsa, no se pudieron desarrollar ninguno de los proyectos que estaban previstos.

Rigueira defiende que su fábrica es muy competitiva y considera que la marcha atrás de Capsa se debe a la presión que recibió por parte de los trabajadores de Villagarcía para que no se moviera la producción. El consejero delegado de Casa Macán explica, además, que todo esto ha obligado a hacer un duro ajuste de personal entre la plantilla de la factoría que llegó a tener cerca de 60 empleados, pero que ahora da trabajo a poco más de una veintena.