19 de agosto de 2017
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Las pesquisas sobre los fondos de formación

La Guardia Civil cree que en UGT-Asturias se pagaban sobresueldos en dinero B

La UCO da credibilidad a un testimonio sobre supuestos abonos a dirigentes y empleados del sindicato, práctica negada por la dirección

19.08.2017 | 04:41
Guardias civiles a las puertas de la sede de UGT en Oviedo el pasado 17 de enero.

La Guardia Civil sospecha que las supuestas irregularidades con las subvenciones para formación concedidas a UGT y a su fundación IFES no sólo se habrían desviado para la financiación del sindicato, sino que consideran que hay indicios que ponen de manifiesto "a juicio policial, la existencia de pagos en efectivo no declarados, de origen incierto y al margen de la contabilidad oficial, a miembros de la Ejecutiva del Sindicato o cargos de alta responsabilidad en el mismo, los cuales serían utilizados como gratificaciones o complementos no declarados en sus nóminas", según se afirma en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita que dieron pie al registro el pasado 17 de enero de la sede de UGT en Oviedo y las sedes de Infastur e Ifes en Asturias. La Guardia Civil requisó entonces abundante documentación cuyo análisis se traducirá en la elaboración de otro informe para el Juzgado que instruye la causa, el número 4 de Oviedo.

Los investigadores aluden a esos supuestos cobros en B por sindicalistas en las conclusiones de un informe de 302 páginas, y lo hacen en base a la declaración de una testigo que "cobra importancia" entre los indicios de las supuestas irregularidades del presunto desvío de subvenciones públicas a la financiación del sindicato. La UCO resalta en esas conclusiones el supuesto contenido de una conversación que la testigo tuvo cuando acudió en 2012 a firmar su despido del sindicato. La antigua trabajadora señala que en ese momento una compañera del sindicato le informó de la entrega de un sobre todos los meses con 800 euros en metálico a un miembro de la ejecutiva de UGT Asturias (actualmente fallecido) y sobres con otras cantidades a dos empleados del sindicato, entre otros. Los agentes subrayan en su informe que la compañera le habría dicho a la despedida: "Luego dicen que no hay dinero y aquí suben todos los meses por sus sobres".

La UCO solicitó el registro de UGT y de las fundaciones vinculadas para buscar pruebas de la supuesta contabilidad B del sindicato. Consideran "lógico" pensar que existe esa supuesta contabilidad paralela para su control "por parte de los órganos de dirección del sindicato" y para que UGT pudiera armonizar la contabilidad oficial. También esperaban encontrar los cálculos realizados para imputar a las subvenciones un porcentaje de gastos que "pudieran no corresponderse con la realidad".

Las sospechas de las presuntas irregularidades siempre han sido negadas por UGT, tanto por sus actuales dirigentes como por los anteriores, señalados por la Guardia Civil. El día de los registros la Benemérita detuvo a cuatro excargos sindicales y dos trabajadores de UGT, puestos en libertad por el juez. En una entrevista posterior concedida a este diario, el exsecretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, señaló: "Aquí nadie se ha llevado un euro. No estamos acusados de nada así y eso es muy importante en un sindicato de trabajadores".

Los entonces detenidos, junto a la propia UGT de Asturias como persona jurídica, permanecen como investigados por un supuesto fraude de subvenciones y falsedad documental. Su abogado no pudo ser localizado ayer para recabar su versión.

El informe de la UCO concluye que todas las entidades que participaron en el supuesto desvío de subvenciones estaban presuntamente controladas por UGT de Asturias: Infastur, constituida por UGT Asturias en 1995, en la etapa de Eduardo Donaire, por desavenencias entre las direcciones confederal y regional; IFES, que pese a ser una fundación nacional su dirección en Asturias dependería de la Secretaría de Formación de UGT; Localmur, domiciliada en Murcia pero cuya actividad en el Principado "parece dirigirse desde la dirección territorial de IFES" y Formación 2020.

En el momento en el que se realizó el informe, en enero, para los investigadores "lo que parece más claro y aporta sólidos indicios de esta financiación ilegal, ha sido la imputación de costes salariales, a las justificaciones de las subvenciones, de personal del sindicato" hasta el 75% de sus nóminas, sin que sus funciones tuvieran que ver con cursos subvencionados, según la UCO. La investigación también detectó supuestas facturas hinchadas y otras supuestamente falsas entre las sociedades vinculadas para justificar las subvenciones.

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