Cuando sobreviene un desastre por las demasías en las que se incurrió en la fase alcista del ciclo, las políticas de estímulo fiscal y monetario contribuyen a atenuar el desplome y a aliviar los efectos traumáticos del derrumbe pero no eximen de la necesaria reacción correctora y depurativa de los desequilibrios y excesos acumulados que debe acometer el sistema con ajustes y reacoplamientos.

Esto exige un retroceso hasta afianzar un nuevo punto de equilibrio a partir del cual se pueda restablecer una dinámica de avance. Las salidas de las crisis precisan por ello un largo tiempo de recomposición, que se puede reducir y suavizar pero no atajar ni suprimir, y que se dilatará tanto como copiosa y profunda haya sido la acumulación de errores en la época previa de crecimiento.

Transcurrido un decenio desde los primeros síntomas de pinchazo de la "burbuja" financiera, inquieta la falta de certeza en el aseguramiento de una recuperación capaz de retroalimentarse de forma autónoma sin la apoyatura de medidas excepcionales y extraordinarias de salvamento e intervención como las de los bancos centrales, y preocupa los efectos de segunda ronda de las medidas fiscales y monetarias adoptadas, a sabiendas de que muchas de ellas fueron dictadas por la urgencia de lo perentorio pero no son practicables de forma duradera.

La disyuntiva es que las deudas públicas siguen al alza y que las empresas siguen ajustando. Y esto convive con la convicción de que competir con bajos salarios no es una opción de futuro, como indicó en los últimos meses Christine Lagarde (FMI); que se precisa gastar más y mejor en educación, expresaron desde Lagarde a la banquera Ana Botín; que el actual recorte de inversión productiva empresarial traerá consecuencias, advirtió Axesor Rating (y Goldman Sachs para el sector petrolero); que los Estados deben reactivar los recursos destinados a I+D+i, como reclamaron en mayo grandes multinacionales al Gobierno español, y que en general la inversión pública debe reactivarse porque hay riesgo de dañar el "stock" de capital y el crecimiento futuro, según José Luis Escrivá (Autoridad Fiscal Independiente) y Luis María Linde (Banco de España), y de erosionar los servicios públicos esenciales, según avisó Fedea.