Los hogares y empresas asturianas con propiedades inmobiliarias (viviendas, locales, naves, garajes, fincas rústicas...) o derechos reales sobre ellas (usufructo y superficie) están llamados a abonar entre los meses de septiembre y noviembre más de un millón de recibos del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), el principal de los tributos que ingresan los ayuntamientos. La gran mayoría de ellos han mantenido estables los tipos de gravamen, pero las variaciones en los valores catastrales y el impacto de las políticas contra el fraude harán que este año la factura del IBI suba de manera agregada para los contribuyentes de la región. Están llamados a pagar cerca de once millones de euros más que en 2016.
La factura. El Ente de Servicios Tributarios del Principado gestiona el cobro del IBI en 77 de los 78 concejos de Asturias. Todos salvo Oviedo, que continúa recaudando este tributo con sus propios medios. Ante la campaña de cobranza que se desarrollará entre el 20 de septiembre y el 20 de noviembre, fuentes de la Consejería de Hacienda cifraron en 191 millones de euros el importe total de los recibos que se van a facturar en 77 concejos. Son 8 millones más que en 2016. Las cantidades se refieren tanto al IBI urbano como al que grava las propiedades rústicas (prados, explotaciones agrícolas...) y los llamados bienes de características especiales (centrales eléctricas, presas, parques eólicos...). Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo, donde el plazo de cobro se extiende desde el 1 de septiembre al 20 de noviembre, ha presupuestado unos ingresos por IBI de 75,8 millones, 2,9 millones más que en 2016. La factura completa del impuesto en Asturias rondará por tanto los 267 millones de euros, casi once millones más que un año antes.
Los recibos. El aumento previsto de ingresos está ligado en primer lugar al hecho de que el número de recibos es mayor este año. En los municipios cuya recaudación gestiona el Principado ese número de liquidaciones supera en 23.000 las de 2016 y llega a las 901.000. En ausencia de una actividad constructora relevante, la explicación puede estar en dos cuestiones. En primer lugar en el hecho de que en dos municipios (Siero y Cudillero) han entrado en vigor actualizaciones parciales de valores catastrales tramitadas durante 2016. Y están los efectos del proceso de rastreo de construcciones o partes de ellas sin declarar que desde 2012 realiza el Catastro en colaboración con los ayuntamientos. En los 31 municipios donde esa labor ya se completó, el Fisco identificó 22.000 inmuebles en situación irregular, lo que da pie a que los ayuntamientos cobren el IBI no pagado correspondiente a los ejercicios no prescritos (los cuatro anteriores a la regularización).
Los tipos. La gran mayoría de los ayuntamientos ha mantenido estables los tipos del impuesto, aunque eso no significa en todos los casos que la factura para el contribuyente no vaya a subir, porque pueden haberlo hecho los valores catastrales sobre los que se calcula la cuota tributaria. Si bien este año no ha entrado en vigor ninguna revisión general del Catastro, en numerosos municipios donde esa actualización se hizo durante la última década las valoraciones de los inmuebles suben cada año, de acuerdo con un sistema gradual pensado para evitar un incremento súbito del impuesto. De cara a 2017, algunos de esos concejos (Oviedo, Avilés, Langreo, Carreño y Tineo) han revisado a la baja sus tipos generales del IBI urbano para amortiguar el encarecimiento de los recibos. En otros casos el gravamen no se ha tocado, por lo que es altamente probable que en muchos casos los contribuyentes tengan que tributar más. En esta última lista figuran Gijón, Mieres, Grado, Gozón o Ribadesella. En Oviedo, la creación de un tipo reforzado para edificios no residenciales, pensando para gravar a grandes propietarios, penalizará a varias empresas, aunque también a titulares de plazas de aparcamiento en garajes donde no se ha hecho al división de la propiedad horizontal.
El mecanismo de la actualización exprés de los valores catastrales, que permite subirlos o bajarlos mediante coeficientes que aprueba el Ministerio de Hacienda, apenas ha sido usado este año por los ayuntamientos asturianos. Lo han hecho sólo Corvera y Colunga. El primero ha mitigado la subida de los valores (3%) con una rebaja del tipo impositivo. En el segundo, el gravamen permanece invariable, de modo que el IBI subirá en torno al 4%, tanto como lo han hecho las tasaciones catastrales.
