Asturias pierde contribuyentes acaudalados, al menos si se mira la nónima de los que hacen la declaración del impuesto de patrimonio. Las cuentas del Fisco indican que la región sufrió un intenso retroceso (-4,57%, el mayor del país) en el número de patrimonios que superan el millón de euros, los concernidos por un tributo que, junto al de sucesiones y donaciones, está en el centro de las diferencias impositivas que existen entre las comunidades autónomas y del fenómeno de la deslocalización de los ciudadanos más acaudalados.
Conforme a las cuentas de la Agencia Tributaria sobre el año 2015 (declaraciones presentadas en 2016), Asturias tuvo en ese ejercicio una recaudación de 17,8 millones y 3.613 contribuyentes de patrimonio. Son 173 menos que los registrados en el ejercicio anterior y el número más bajo desde que el gravamen fue restablecido en 2011.
Desde 2007 hasta ese año, el impuesto de patrimonio fue eliminado de hecho (mediante una bonificación del 100%) siendo presidente del Gobierno el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Su siguiente gobierno lo recuperó en el contexto de las severas dificultades que atravesaron las cuentas públicas a partir de 2010. Se volvió a recaudar el tributo, pero en condiciones distintas y exclusivamente en los casos de aquellos contribuyentes cuyas bases imponibles (valoración de sus posesiones, una vez deducidas las que están exentas de tributar) superasen los 700.000 euros. Considerando que la vivienda habitual desgrava hasta un máximo de 300.000 euros, puede decirse que como norma general los obligados por el tributo superan el millón de euros de patrimonio.
A raíz de tales cambios, en Asturias se pasó de más de 25.000 declaraciones en 2007 (las de todos aquellos cuyas bases rebasaban los 108.000 euros) a un número inferior a 3.800 en todos los ejercicios del período 2011-2015.
¿Por qué desciende ahora el número de ricos? Cabe precisar que, según una opinión muy extendida entre los expertos, en la nómina del impuesto de patrimonio no están todos los que lo son. Algunas de las personas más acaudaladas tienen acceso a instrumentos (sociedades patrimoniales y otros) con los que eludir este tributo o reducir muy considerablemente la carga fiscal que soportan por él. No obstante, y tras la reforma de 2011, puede decirse que el impuesto ya no afecta como antes a la clase media y que la mayoría de contribuyentes esta formada por empresarios, rentistas y profesionales pertenecientes a las élites económicas. Son también aquellos que tienen más a su alcance la opción de cambiar de domicilio fiscal. En ámbitos empresariales y otros se habla a menudo de la fuga de patrimonios asturianos hacia Madrid. La comunidad madrileña no cobra el impuesto de patrimonio, lo que, añadido a la menor fiscalidad en otros tributos (sucesiones, donaciones y también en el IRPF para las rentas altas), actúa como un imán que atrae a contribuyentes con fortunas relevantes. En el caso de una persona que tenga una base imponible de patrimonio de 4 millones, tributa más de 41.000 euros al año en Asturias y nada en Madrid. Aunque el Principado ya no está, en relación a este impuesto, en las posiciones de mayor presión fiscal que sí ocupó años atrás.
Las reformas emprendidas por varias autonomías, algunas de ellas gobernadas por la izquierda, pero no en todos los casos, han elevado la factura del impuesto y también el número de contribuyentes. El mecanismo más habitual ha sido reducir el mínimo exento de tributar. Aragón, donde gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos, lo situó en 2015 en 400.000 euros, lo que explica que el número de declaraciones se disparara en ese año el 58%. Extremadura (mínimo exento de 500.000 euros) y Comunidad Valenciana (600.000 euros), ambas con presidentes socialistas, también han endurecido el impuesto, al igual que hizo Baleares subiendo los tipos.
Y lo ha hecho también Cataluña. La Generalitat decidió, bajo la presidencia del convergente Artur Mas, obligar a tributar por las bases imponibles superiores a 500.000 euros. Ello explica que haya más de 72.000 contribuyentes catalanes, el 38% del total. En Madrid figuran unos 17.000, aunque ninguno paga. Se trata de los que, aun sin tener que tributar, poseen más de dos millones de euros y por ello tienen que presentar una declaración (autoliquidación).
El Gobierno central del PP se había comprometido a mantener el impuesto de patrimonio sólo transitoriamente, hasta el año 2015, pero lo ha ido prorrogando y volverá a hacerlo en 2018. La comisión de expertos sobre la financiación autonómica -la recaudación y algunas competencias normativas están cedidas a las regiones- se ha mostrado dividida sobre la continuidad de este tributo y acerca de la capacidad que tienen las comunidades de mantener exenciones como la de Madrid.
