Los empleados públicos podrían tener en 2018 una subida salarial de entre el 1,75% y el 2%, la mayor desde el año 2009, pero insuficiente para recuperar de una manera significativa parte del poder adquisitivo perdido en los últimos siete años, según la queja de las organizaciones sindicales. El Ministerio de Hacienda concretó ayer una propuesta para tres años que incluye una parte fija y otra variable y que para el conjunto de período 2018-2020 supondrá un incremento agregado que se moverá entre un mínimo del 5,25% y un máximo del 7,25%. Las organizaciones sindicales consideraron insuficiente la oferta gubernamental, que hoy se continuará negociando.

La representación del Ministerio de Hacienda llevó a la cita con los sindicatos de la función pública una propuesta un poco más generosa que la esbozada una semana antes: el techo de la subida para los próximos tres años se plantea en el 7,25%, frente al 6% de la primera oferta. Y se mantiene el propósito de cambiar el procedimiento de actualización, estableciendo una subida fija y otra variable ligada al comportamiento del producto interior bruto (PIB). La fija se plantea así: el 1,5% en 2018, el 1,75% en 2019 y el 2% en 2020. La variable queda en función de si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno: si ocurre, el alza adicional será del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y de otro 0,5% en 2020. En caso de que se superase en medio punto la previsión de PIB, esa subida adicional sería del 0,5% en 2018 y del 0,75 en 2019 y 2020. Esto es, en el mejor de los casos el incremento para el próximo año sería del 2%. Hacienda y los sindicatos seguirán negociando hoy esta parte variable, que las centrales ven "insuficiente".

La propuesta del Gobierno afecta a los funcionarios y el resto de trabajadores fijos, eventuales e interinos de las tres Administraciones (central, autonómica y local), que en Asturias suponen unas 56.000 personas.

Anclar los salarios a la evolución de la economía -cuanto más sube el PIB más lo hacen los ingresos del Estado- daría margen al Gobierno para suavizar el impacto en las cuentas públicas y para persuadir a la UE de que la subida no compromete los objetivos de reducción del déficit (hasta el 2,1% el próximo año).

UGT, CC OO y CSIF expresaron ayer, al conocer la oferta, que está muy lejos de sus aspiraciones y de los números que permitirían una recuperación relevante del poder adquisitivo perdido desde 2010. Las citadas organizaciones pedían un 20% de aumento agregado entre 2018 y 2020, a razón de más del 6% anual.

Los trabajadores públicos han tenido subidas del 1% en los dos últimos años, con ganancias de capacidad de compra debido a que la inflación media fue negativa en esos años (ver gráfico adjunto). Sin embargo, en los cuatro años precedentes (2011-2014) los sueldos permanecieron congelados y registraron pérdidas de poder adquisitivo. En 2010, las plantillas del sector público sufrieron el principal ajuste salarial: un recorte medio del 5% en sus nóminas y la supresión en ese ejercicio de una paga extraordinaria cuyo importe recuperaron en fases a partir de 2015. Los cálculos sindicales varían y cifran la devaluación de los salarios públicos desde 2010 en una horquilla que oscila entre el 13% y el 20%.

La negociación entre el Gobierno y los sindicatos alcanza también a la jornada laboral. Los trabajadores públicos quieren recuperar la semana de 35 horas, que en 2011 se elevó a 37,5 horas para la mayor parte de ellos. El Ejecutivo se ha mostrado hasta ahora reacio a hacer esa concesión.