La denominada Mesa General para la Negociación de las Administraciones fijará hoy la subida salarial que tendrán los empleados públicos (56.000 en Asturias) en 2018 y lo hará previsiblemente sin que exista acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos, que ayer negociaron sin éxito. El Ejecutivo elevó ligeramente, desde el 7,25% hasta el 7,95% agregado en tres años, su oferta de incremento máximo con arreglo a un nuevo procedimiento en el que la actualización de las remuneraciones se repartirá en una parte fija y otra variable, asociada al crecimiento del producto interior bruto (PIB) y al comportamiento del déficit público.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública mejoró por segunda vez su oferta de subida salarial en el próximo trienio, de manera que la suma de las partidas fijas y variables supongan entre 2018 y 2020 incrementos de entre un mínimo del 5,34% y un máximo del 7,95%. En detalle, la actualización ofrecida por el departamento de Cristóbal Montoro se explica en los siguientes puntos.

Componente fijo. La subida fija será del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020.

Componente variable. A esos porcentajes se sumarían otros variables en función de la marcha de la economía española. Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en cuatro décimas la previsión del PIB, la subida sería del 0,5% en 2018 y del 0,75% en 2019 y en 2020. Se plantea un incremento adicional de medio punto si se cumple el objetivo de déficit en 2020.

Total. En esas condiciones, la horquilla de subida salarial para los funcionarios de 2018 para los próximos tres ejercicios iría, según las cifras del Gobierno, de un mínimo del 5,34% a un máximo del 7,95% en el mejor de los casos.

Los sindicatos salieron de la negociación de ayer calificando de nuevo como "muy insuficiente" la oferta del Gobierno, al no permitir recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis, que cifran en entre un 13% y un 20% desde 2010. Hoy trasladarán su rechazo en la Mesa General para la Negociación de las Administraciones Públicas, en la que están representados, además del Ejecutivo central y las organizaciones sindicales más relevantes, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los dirigentes consultados ayer no descartaron movilizaciones si finalmente no se alcanza un acuerdo. De hecho, CSIF da por cerrado el diálogo, mientras que UGT y CC OO , aún considerando insuficiente la oferta, no se han pronunciado de una forma tan tajante.

Los sindicatos sí aprecian avances en la negociación sobre el empleo, ante la propuesta del Ministerio de Hacienda de ampliar la tasa de reposición del 100% (cobertura de todas las vacantes por jubilación) que tienen ahora los sectores prioritarios (seguridad, justicia, sanidad, educación o administración tributaria) al resto de áreas. En cambio, el Gobierno se planta sobre el retorno a la semana laboral de 35 horas, que se elevó a 37,5 durante la crisis. Los sindicatos pedían que cada administración tenga margen para establecer sus jornadas, con un tope máximo, ante la disposición de algunas autonomías y ayuntamientos a recuperar las 35 horas si el Gobierno lo autoriza.