La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado una querella ante la Audiencia Nacional contra Duro Felguera, su presidente (Ángel del Valle) y su antecesor en el cargo (Juan Carlos Torres) a resultas de la investigación abierta en 2015 por supuestos pagos de comisiones ilegales o sobornos en Venezuela para la consecución del proyecto de la central de ciclo combinado de Termocentro, aún en construcción. El Ministerio Fiscal considera que el grupo asturiano y sus entonces presidente y consejero delegado habrían podido incurrir en delitos de corrupción internacional y de blanqueo de capitales, al igual que otras cinco personas físicas (varios de ellos, políticos y expolíticos venezolanos) y otras dos sociedades mercantiles también querelladas.

La fiscalía considera que para la consecución en 2009 del contrato con la compañía pública venezolana C. A Eléctrica Nacional (EDC), filial de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para la construcción por 1.500 millones de euros de la central de cinco combinado de Termocentro, Duro "firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno de dicho país, que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para que favorecieran los intereses" de la empresa asturiana.

La Fiscalía asegura que Torres (entonces presidente) y Del Valle (entonces consejero delegado y en la actualidad presidente de la sociedad) "decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta al menos un total de 105.627.600 dólares USA)" -equivalentes a unos 88,4 millones de euros al tipo de cambio actual- al también querellado Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas "con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio" de Duro. Villalobos había sido viceministro de Energía hasta noviembre de 2006 y presidente de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe). La fiscalía lo vincula a su vez con Javier Alvarado Ochoa, otro de los querellados y que fue viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela.

Según el escrito de la Fiscalía (que consta de 15 folios), los pagos (constitutivos supuestamente de "uno o varios delitos de soborno de agentes internacionales o de corrupción internacional") los realizó la compañía "en contra del criterio" de su entonces director general de Energía, Francisco Martín Morales de Castilla.

Para justificar los pagos, Duro habría formalizado tres contratos de "prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica": dos en diciembre de 2008 con Técnicas Reunidas (Terca), representada por Luis Barrios Melean (también acusado y considerado "testaferro" de Villalobos), y un tercero, en abril de 2011, con Terca y con Ingenería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespren) por el que Terca cedió sin compensación alguna a Ingespren (participada por Villalobos y su esposa, también acusada) los servicios contratados por Duro, sin que ésta verificara que Ingespren cumplía los requisitos exigidos a Terca. La fiscalía dice que este traspaso se produjo tras vencer los cuatro años de incompatibilidad de Villalobos. Una abogada del Ministerio venezolano de Energía, Julia Van Den Brule, también acusada, habría recibido al menos 70.000 euros.

Esta querella podría perturbar la entrada en Duro de alguno de los inversores dispuestos a recapitalizar el grupo. El fondo británico Bybrook ya había pedido una investigación interna previa por temor al daño reputacional y a una condena económica a Duro.