El presidente y consejero delegado de Duro Felguera, Ángel del Valle, máximo representante del principal grupo accionarial de la compañía (de la que posee el 24,4%) se verá forzado a poner sus cargos en el consejo de la compañía a disposición de este órgano de administración si prospera la querella presentada por la Fiscalía anticorrupción contra él; su antecesor en la presidencia, Juan Carlos Torres, y la propia sociedad anónima Duro Felguera.
El Ministerio público acusa a la sociedad y a sus dos últimos máximos responsables de un supuesto pago de 105,6 millones de dólares (unos 88,4 millones de euros al canje actual) entre 2008 y 2013 en sobornos a políticos, expolíticos y funcionarios de Venezuela para la consecución del contrato de construcción de la central térmica de Termocentro, adjudicada al grupo asturiano en 2009 por 1.500 millones de euros.
Según el reglamento interno del consejo de administración de Duro, vigente desde diciembre de 2015, los consejeros deberán poner su cargo a disposición del consejo "cuando concurran circunstancias que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad" y "en particular, cuando aparezcan como investigados en causas penales, así como de sus posteriores vicisitudes procesales".
La norma interna establece como caso particular que "si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decidirá si procede o no que el consejero continúe en su cargo".
Según este texto, la mera querella de la Fiscalía Anticorrupción no obliga al afectado a recabar el refrendo del consejo de administración, y tampoco su admisión a trámite, lo que sí ocurriría si se abre juicio una vez que culmine la investigación judicial.
El consejo de Duro está integrado por ocho personas: la mitad representan a los dos accionistas de referencia (que han sido hasta ahora grupos afines) y los otros cuatro figuran como independientes.
La querella de la Fiscalía se adjudicará por sorteo a uno de los seis juzgados de la Audiencia Nacional, cuyo titular deberá determinar en un plazo no tasado -pero que suele ser de "unos días", según fuentes judiciales- si la admite a trámite o no. De rechazarla por no apreciar suficientes fundamentos, su decisión podrá ser recurrida por el Ministerio Público. Si la denuncia prospera, el magistrado abrirá una investigación judicial (la que hubo desde 2015 fue de la Fiscalía), para lo que el juez ordenará la práctica de diligencias, que puede suponer la petición de informes, peritajes, toma de declaraciones y otras.
El consejero de Industria, Isaac Pola, deseó que la querella no perjudique la solución de los problemas financieros de Duro.
