La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Duro Felguera, su presidente (Ángel del Valle) y su antecesor en el cargo (Juan Carlos Torres) por supuestos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales por la sospecha e indicios de que el grupo asturiano pudo haber pagado comisiones ilegales a expolíticos y funcionarios públicos en Venezuela por un importe de 105,6 millones de dólares (unos 88,4 millones de euros actuales) entre 2008 y 2013 para la consecución de la obra de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro en 2009 por un volumen de 1.500 millones de euros. La querella se dirige también contra cinco personas venezolanas y dos sociedades controladas por tres de ellos.
La admisión a trámite de la querella se produce tras una investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desde 2015 y en la que ya tuvieron que prestar declaración los denunciados y otros directivos y exdirectivos de Duro.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dispondrá ahora de un plazo de seis meses, que puede llegar a 18 si la causa se considera compleja, para realizar su propia investigación judicial, solicitar peritajes e informes y practicar pruebas e interrogatorios. La investigación podría ser objeto, en caso necesario, de una prórroga por otros 18 meses o menos. Será entonces cuando el magistrado decidirá, a la vista de las verificaciones realizadas, si abre o no proceso judicial contra los querellados.
Según algunas informaciones, el magistrado ya habría ordenado una comisión rogatoria para reclamar datos sobre la titularidad y movimientos en las cuentas bancarias de Suiza en las que habrían terminado parte de los pagos recibidos por los expolíticos.
La decisión judicial complica más la situación de Duro, que atraviesa por dificultades financieras y está en tratos con la banca acreedora, con la que acaba de apalabrar un nueva tregua crediticia por la que la compañía seguirá eximida del abono de sus deudas bancarias e intereses hasta el 15 de enero, prorrogando así un tiempo de espera que comenzó el 4 de julio.
La eventual responsabilidad societaria de Duro Felguera como compañía, de abrirse juicio finalmente y resultar una sentencia condenatoria, introduce otra incertidumbre económica adicional sobre el grupo, que se suma a la de los impagos de algunos clientes en Australia, India y Argentina (pendientes de arbitrajes y negociaciones, según casos) y los retrasos en Venezuela, amén de la reclamación millonaria de la Agencia Tributaria. Todo ello puede endurecer las condiciones que planteen los inversores que han manifestado interés en participar en la proyectada ampliación de capital que se considera imprescindible para garantizar la viabilidad de la ingeniería.
La querella de la Fiscalía, que surge de una investigación sobre Banca Privada de Andorra (BPA) y a su filial Banco Madrid en 2015 por parte de organismos de EE UU contra la corrupción, se dirige también, como supuestos beneficiarios de las comisiones ilegales, contra el ex viceministro venezolano de Energía Nervis Gerardo Villalobos; su esposa, Milagros Coromoto Torres; su supuesto testaferro, Luis Barrios Melean; el exviceministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, y las sociedades venezolanas Técnicas Reunidas (Terca), controlada por Barrios, e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespren), dominada por Villalobos y su mujer.
Duro Felguera, que ayer llegó a subir en Bolsa el 3,7% durante la sesión, perdió el 7,41% tras conocerse la admisión a trámite de la querella.
