Un grupo de capital asturiano figura entre los inversores de titularidad familiar que han mostrado interés en invertir en Duro Felguera y han suscrito acuerdos de confidencialidad para acceder a la documentación mercantil de la ingeniería asturiana.
Del grupo asturiano, cuya identidad no ha sido desvelada, sí se ha confirmado que tiene un perfil de socio financiero y no industrial y que, de incorporarse al accionariado de Duro, bien en solitario o en una operación de entrada simultánea con otros aspirantes, sería un accionista de respaldo y sin aspiración a dirigir la gestión.
Medios financieros siguen asegurando que hay interés por parte de algunos titulares de grandes patrimonios para participar en una eventual ampliación de capital, para la que se barajan cifras millonarias (entre 100 y 300 millones) entre entrada de dinero nuevo (aportado por nuevos accionistas) y el canje por acciones de Duro de una parte de la deuda contraída por el grupo con los bancos, que se convertirían en accionistas de la ingeniería.
Tras haber renunciado algunos grupos empresariales (Acciona, Elecnor y la gijonesa TSK), los acreedores y medios de la empresa mantienen contactos con el fondo de inversión británico Bybrook Capital y con varios grupos familiares españoles. A su vez, un intermediario del grupo China State Construction Engineering (CSCEC) habría contactado con la presidencia de Duro.
Pese a estas muestras de interés y al acuerdo para renovar hasta el 15 de enero la tregua financiera vigente desde el 4 de julio (y en virtud de la cual la empresa está eximida de amortizar sus créditos y hacer frente a sus intereses), la situación ha entrado en un compás de espera, en la que cada una de las partes (la empresa y sus acreedores bancarios) están aguardando a los movimientos que haga la otra parte. La ampliación de la moratoria bancaria, aunque pendiente de firma por dos acreedores que no participaron en la negociación (Liberbank y Banco Cooperativo), tiene efectos desde el día 1. Ahora el problema es el estancamiento del diálogo entre la dirección de la empresa y sus acreedores financieros.
La banca había ofrecido reactivar la concesión de avales a la sociedad por 31 millones para atender la operatoria urgente y evitar impagos, pero, según algunos bancos, esta acción se supeditó al cambio del presidente. El distanciamiento con Del Valle se agrandó aún más tras la querella de la fiscalía (admitida a trámite por la Audiencia Nacional) por supuesto pago de sobornos por Duro entre 2009 y 2013 en Venezuela.
En el consejo de Duro, aunque se produjeron tensiones y esbozos de disidencia el 28 de septiembre, el presidente sigue teniendo mayoría y, en caso de empate, dispondría de voto de calidad. Su posición (representa al 24,4% del capital social) parece sólida por ahora.
Del Valle, que fue partidario de rechazar la prórroga bancaria aun asumiendo el riesgo de entrar en preconcurso -una alternativa que se barajó para reconducir la situación del grupo-, expresó su voluntad de no renunciar a su responsabilidad como mayor accionista y primer ejecutivo mientras no se encauce la situación de la compañía con recapitalización, refinanciación y reactivación de avales, pero al menos algunos de los bancos siguen negándose a asumir más riesgos en Duro (ya suman 1.068 millones entre deuda y garantías comerciales) si no hay cambio del primer ejecutivo.
El tiempo juega en contra del grupo, que tiene dificultades para contratar y para ejecutar proyectos por falta de financiación. El presidente de la empresa comentó el 26 de septiembre a dirigentes sindicales asturianos de UGT y CC OO que, sin refinanciación, el grupo no puede garantizar los salarios de sus 2.000 empleados a partir de noviembre.
