La magistrada del Juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, que instruye las diligencias sobre el supuesto desvío de subvenciones a la formación concedidas por el Principado a UGT y a la fundación Ifes, ha rechazado la petición de la acusación popular para extender la investigación a otros cinco tipos de subvenciones recibidas por el sindicado para determinar si parte de las mismas se usaron para pagar salarios del sindicato.
La acusación popular, ejercida por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan), había solicitado a la jueza que pidiera al Principado y a la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales las justificaciones económicas presentadas por UGT Asturias a las subvenciones que recibió entre 2009 y 2014 el sindicato en materia de inmigración, servicios sociales, juventud, igualdad o mujer y salud laboral o prevención de riesgos laborales.
En la misma resolución la magistrada también ha rechazado otras peticiones de Ocan, pero no se ha pronunciado respecto que se pregunte al Ayuntamiento de Gijón si concedió alguna subvención a UGT para el acondicionamiento de los locales de Vicasa, cedidos por el Ayuntamiento al sindicato, a pesar de que el ministerio fiscal consideró de interés hacer esa solicitud al consistorio.
La jueza sí ha solicitado, a propuesta del fiscal, que interventores de la IGAE realicen un informe pericial sobre las subvenciones investigadas, su aplicación y su justificación.
