El Instituto de Estudios Económicos (IEE), centro vinculado a la CEOE y dirigido por José Luis Feito, ha divulgado datos recientes del Foro Económico Mundial de Davos que sitúan a España en el puesto 70º. de 137 países en eficiencia del mercado laboral. "Las regulaciones restrictivas siguen afectando a nuestro mercado de trabajo, a pesar de las reformas, y nos colocan en una situación de desventaja frente a muchos de nuestros competidores de la UE", señala el IEE. La cuenta de Davos es fruto de una metodología que tiene en cuenta el análisis de factores concretos (costes de despido, relación entre remuneración y productividad...) y otros un tanto ambiguos (cooperación entre empresarios y trabajadores, flexibilidad salarial...).
Los resultados invocados por los sabios económicos de la CEOE (el "think tank" de la patronal, en jerga anglosajona) contrastan con la evolución de la competitividad medida por los costes laborales unitarios, indicador que pone en relación los salarios (la remuneración por trabajador) y la productividad del trabajo (PIB por empleado). Pues bien, según esta cuenta, España ha recuperado desde 2008 el 60% del diferencial de competitividad que tenía con Alemania, situándose en mejor posición que países como Francia. Y lo ha hecho mucho más por la reducción de los costes salariales (estimulada por las reformas laborales y por el alto paro, poderoso instrumento de devaluación que obliga a aceptar condiciones de trabajo más precarias) que porque hayamos virado con claridad hacia el modelo productivo basado en la innovación, el conocimiento y el empleo de calidad que recomiendan tantos sabios.
Son resultados que no parecen muy congruentes con la rigidez que Davos y el IEE atribuyen a la legislación laboral española. El foco de este último organismo vuelve a estar puesto sobre el costes del despido. "Llegamos a bajar incluso al puesto 115º. (de eficiencia) en el indicador de regulaciones en materia de contratación y despido", enfatiza el Instituto.
Vamos a quitarle eufemismos a esta cuestión del despido. Si algo distingue a España en este terreno respecto a algunos países -que no a todos- es que se puede considerar elevado el coste de prescindir de un trabajador que lleve muchos años en su puesto de trabajo. Indemnizar por despido improcedente a un mileurista con 17 años de antigüedad cuesta 36.000 euros. A una empresa pequeña descontenta con el rendimiento del empleado le dará vértigo una cantidad así.
Con seguridad es mucho más barato el despido en Suiza (tres meses de salario) o en Dinamarca (tres meses como máximo para los trabajadores más cualificados), por citar dos de los países que están en las posiciones más adelantadas del ranking de Davos. Otra gran diferencia con España es que en esos dos países apenas hay desempleo (4,4% en Suiza y 5,4% en Dinamarca, frente al 17% español).
Por fuerza el vértigo de convertirse en parado ha de ser mucho más temible en España. Y suponer, como se hace a menudo, que el alto desempleo es culpa del coste de despido es simplificar tanto como pensar que todos los empresarios utilizarían el despido libre y sin coste de una forma racional y justa o que todos los asalariados que tienen contrato fijo y antigüedad en la empresa son unos hachas de la dedicación y la productividad.
