Si los últimos cálculos del Fondo de Garantía de Depósitos no se equivocan, las pérdidas totales de Caja del Mediterráneo (CAM) ascenderán a más de 16.500 millones cuando el actual propietario de su negocio financiero, el Sabadell, haya finalizado por completo la limpieza de su balance. Una cifra que supone casi un cuarta parte de los activos totales que acumulaba la caja alicantina en el momento de su intervención y que da una idea de la grave situación en que estaba mientras sus máximos responsables seguían declarando beneficios millonarios. Unos hechos por los que ahora han sido condenados con hasta cuatro años de prisión. Entre ellos están los exdirectivos Roberto López Abad y María Dolores Amorós. Los hechos que han motivado la condena ocurrieron mientras la CAM negociaba una fusión con Cajastur, de la que finalmente se apeó la entidad asturiana.
A finales de los años noventa cuando la CAM decidió dar el salto para convertirse en una entidad nacional. Un proceso que se aceleró con el relevo de Juan Antonio Gisbert por López Abad en la dirección general en 2001.
De la mano de Daniel Gil (su hombre de confianza para los asuntos inmobiliarios), López Abad no dudó en subirse a la ola del ladrillo que recorría el país para conseguir que la caja creciera lo más rápido posible. Y lo logró. El volumen de créditos prácticamente se multiplicó por cinco en apenas ocho ejercicios (hasta los 57.500 millones) y el volumen total de activos superó los 70.000 millones, lo que la situó como la cuarta caja del país. Por detrás de la Caixa, Caja Madrid y Bancaja.
El problema es que lo hizo a base de poner demasiados huevos en la misma cesta (los préstamos a los promotores suponían el 27,2% de su saldo crediticio total frente al 12% del Santander o el 7,3% del BBVA) y de embarcarse en proyectos faraónicos como Polaris World, el macrocomplejo que iba a construir con Hansa en Baja California. Y no dudó en prestar todo el dinero que fuera necesario para comprar suelo.
López Abad y su equipo pronto le vieron las orejas al lobo y empezaron a buscar la fórmula de tapar las pérdidas que empezaba a ocasionar el frenazo inmobiliario. Primero lo hicieron con el lanzamiento de las cuotas participativas, en 2008, y un año después realizaron una emisión masiva departicipaciones preferentes, por más de 900 millones.
Por esa época comenzaron las presiones del Gobierno y el Banco de España para que las cajas se fusionaran, en un intento de evitar su quiebra masiva. La CAM lo intentó con Cajastur, que escapó en cuanto descubrió la realidad que escondían los balances de la caja alicantina. Una verdad que los directivos de la entidad trataron de ocultar a toda costa, como se ha probado durante el juicio y como muestran los correos que se intercambiaron, en los que se animaban a sacar "como fuera" 300 millones de beneficios en 2010, con la esperanza que el problema pasara luego a los gestores de la nueva entidad. uena parte de los ejecutivos aprovecharon para prejubilarse con indemnizaciones millonarias.
Así las cosas, el 22 de julio de 2011 el Banco de España dijo basta e intervino la CAM, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Fue en el peor momento posible porque los bancos intuían que la crisis iba para largo y nadie quería asumir el riesgo que implicaba la cartera crediticia de la CAM. Sólo el Sabadell, necesitado de crecer para asegurarse de que nadie intentaría absorberlo, se atrevió a pujar en la subasta organizada por el supervisor y lo hizo tras exigir un esquema que le protegiera de la mayoría de las pérdidas.
Ahora el Sabadell ha decidido trasladar su sede social a Alicante, al territorio de la CAM, huyendo del "procés" catalán.
