La situación de bloqueo financiero y de negocio en Duro Felguera amenaza con enquistarse y el tiempo se agota para la compañía. Tras el acuerdo de prórroga de la moratoria financiera hasta el 15 de enero entre la sociedad y sus bancos, los acreedores esperan que la empresa haga movimientos con el relevo de su presidente, Ángel del Valle, como condición previa para asumir más riesgos con el grupo y otorgar avales. La banca no confía en la gestión del actual dirigente y en otros procesos análogos recientes también exigió un cambio de liderazgo.
El presidente y consejero delegado, representante del 24,4% del capital, tiene por ahora mayoría en el consejo y mantiene su negativa a acceder a las pretensiones de los bancos hasta tanto no comiencen a aplicar las demás medidas comprometidas: capitalización de parte de la deuda y refinanciación del resto de los débitos para facilitar la entrada de nuevos accionistas.
El plan no avanza porque los nuevos inversores no se comprometerán sin una garantía de reducción y refinanciación de la deuda, y estas medidas, junto con la reactivación de avales, se condicionan por la banca a que del Valle de un paso atrás. A su vez, Del Valle mantiene la tesis de que los gestores actuales no deben desentenderse de la sociedad sin haber constatado antes que se despeja su futuro con claridad.
Las posiciones siguen encastilladass tres meses y medio después de que la banca y la empresa pactaran la tregua financiera que desde el 4 de julio exime al grupo de hacer frente a sus créditos e intereses. Del Valle ha llegado a postular un plan propio, fundamentado en el cobro de deudas pendientes (que están en proceso de negociación y de arbitraje en varios países) y contactos con un grupo inversor chino. En el tenso consejo de administración del 27 de septiembre la opción planteada por el presidente fue rechazar la prórroga del acuerdo con la banca (por entender que el "pacto de espera" no estaba resolviendo los problemas y estaba entrañando gastos para la sociedad) y acogerse a un preconcurso.
Varios amagos de dimisiones (entre ellos, el del vocal independiente Ricardo Córdoba, quien finalmente renunció este lunes), las advertencias de posibles responsabilidades patrimoniales y la propuesta bancaria de otorgar avales por 31 millones para aliviar la asfixia financiera más inmediata llevó al consejo a aceptar la oferta bancaria a las 23 horas y alejar por el momento el riesgo de suspensión de pagos.
La banca, temerosa de que la sociedad inste pese a ello el concurso en algún momento (se dijo que el acuerdo podía ser reconsiderado por Duro a fines de octubre si no había avances con los acreedores), aletargó los avales para no asumir más riesgos. Y como medida de garantía -y también de presión a las dos familias accionariales de referencia (los Álvarez Arrojo y los Arias) para que retiren su respaldo a Del Valle- los bancos reclamaron que ambos accionistas aportaran garantías personales.
La querella de la fiscalía anticorrupción por supuestos pagos de sobornos en Venezuela y su admisión a trámite por la Audiencia Nacional abrió la opción de que el consejo forzara al presidente a poner su cargo a disposición de este órgano ejecutivo pero al menos hasta anteayer los querellados (tres españoles y cinco venezolanos) no habían recibido notificación judicial alguna.
La presión de la banca se concentra ahora en los siete miembros del consejo: tres (incluido el presidente y consejero delegado) representan a la familia Arrojo; la vicepresidenta pertenece a la dinastía Arias y los otros tres son independientes.
El tiempo se está agotando. El presidente dijo a los sindicatos UGT y CC OO el 26 de septiembre que no podía garantizar el pago de salarios de noviembre. Y el amago de Duro de que el 31 de octubre podría revisar el "acuerdo de espera" mantiene en alerta a la banca. Se sabe que representantes del grupo de bancos acreedores están intentando forzar una reunión con los miembros del consejo en las próximas horas y antes de que este órgano celebre su reunión mensual ordinaria.
Los trabajadores están alarmados por la situación. Los sindicatos UGT y CC OO harán una manifestación en Oviedo el martes. Genaro Martínez (UGT) dijo ayer que el consejo de Duro y Del Valle deben explicar qué quieren hacer y Damián Manzano (CC OO) emplazó a Del Valle: "Tiene dos opciones: O toma medidas que garanticen el futuro de Duro o se aparta y dejar de ser un obstáculo". Manzano también hizo un llamamiento a la responsabilidad y compromiso de las familias accionistas de referencia.
La asamblea de comités protestará mañana en Oviedo y en Gijón y tres sociedades de Duro harán huelga el miércoles.
