Los magistrados de la Audiencia Provincial de Asturias dictaron en 2016 un 40% más de sentencias relacionadas con delitos de tipo económico cometidos en el ámbito de las empresas o que tienen a éstas como víctimas, registrándose un avance especialmente intenso en los casos de estafas y de las conductas que vulneran los derechos de los trabajadores. En ese mismo ejercicio se registraron los primeros casos que trascienden sobre compañías asturianas condenadas en aplicación de la reforma que ha instaurado en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Se trata de algunas de las informaciones contenidas en el estudio "La criminalidad en la empresa", realizado por la consultora asturiana Vaciero y cuyo autor es el abogado penalista Íñigo Gorostiza, quien hasta 2015 fue fiscal delegado de delitos económicos en Asturias. A partir del examen de las sentencias de la Audiencia Provincial (con salas en Oviedo y Gijón), Gorostiza traza un panorama cuyos rasgos más relevantes se sintetizan en los siguientes puntos.
Más sentencias. Los citados tribunales tuvieron en 2016 una actividad más intensa que en 2015 en lo que se refiere al enjuiciamiento de presuntos delitos cometidos en el ámbito de las empresas. El trabajo de Goristiza ha identificado 66 sentencias de ese tipo, 19 más que durante el año anterior. Los hechos delictivos considerados dentro de esos procesos fueron 75, un tercio más.
Más estafas. El delito de estafa encabeza la litigiosidad penal que afecta a las empresas asturianas, concentrando el 46% de los hechos sobre los que decidió la Audiencia. Las 32 sentencias sobre estafas, en su mayor parte codenatorias, suponen 12 más que en el ejercicio anterior. Los delitos contra la Hacienda Pública (fraude tributario) se mantuvieron estables, con 10 causas en un año. Aumentaron en cambio las resoluciones sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores. Gorostiza observa "un cambio importante" respecto a 2015: en ese año, todas las sentencias se referían a accidentes de trabajo y a infracciones de las normas de prevención de riesgos laborales; en 2016, se observan más casos de condenas por tener trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social o en condiciones laborales contrarias a los derechos recogidos en la legislación. En estos supuestos encajan, por ejemplo, denuncias formuladas por la Fiscalía, generalmente previa intervención de la Inspección de Trabajo, para llevar ante los tribunales la situación de mujeres que trabajan en clubes de alterne.
Más condenas. Entre las 66 sentencias analizadas por el penalista Íñigo Gorostiza, 42 contienen fallos condenatorios. Hay una mayoría de acusados (75 de 117) que son condenados por la magistratura asturiana. El 40% de esas personas lo fueron por estafas; el 24%, por defraudación tributaria, y el 36% restante por otros delitos (apropiación indebida, contra los derechos laborales, alzamiento de bienes o descubrimiento y revelación de secretos de la empresa). El autor destaca que se registran por primera vez dos casos en los que la Audiencia Provincial condena penalmente a empresas, por aplicación del criterio de responsabilidad penal de la persona jurídica en vigor desde 2010 en España, aunque se utiliza de manera efectiva desde 2015.
Las penas. Casi el 46% de los fallos condenatorios combinaron la privación de libertad y penas económicas. La condena de cárcel de mayor duración fue de cinco años, por un delito continuado de estafa cometido por el administrador de una sociedad mercantil. La penas pecuniarias de mayor alcance fueron los casi 950.000 euros impuestos a dos personas por fraude fiscal.
La empresa como víctima. El informe repara en los casos en los que se cometen delitos desde una empresa, pero también examina "en que medida la delincuencia económica ocasiona disfunciones en la normal actividad de las empresas que son víctimas de delitos". En 2016 hubo 27 compañías que resultaron perjudicadas, "percibiéndose un incremento" respecto al año anterior, señala Íñigo Gorostiza. El importe total de las indemnizaciones señaladas por los tribunales en favor de esas sociedades ascendió a 831.093 euros. El abogado subraay que, con seguridad, "sólo una pequeña parte" será cobrada por los perjudicados, "por la frecuente situación de insolvencia de quienes deben pagar".
