La "carta naranja" lleva ya una demora de hasta seis años en España si el retraso se cuenta desde el momento en que, en 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, el PSOE y el PP pactaron una disposición adicional a la reforma de las pensiones según la cual se fijaba el compromiso de informar a los trabajadores en activo con más de 50 años de edad del importe estimado de su pensión futura. Se la conoce en ámbitos financieros y académicos como "carta naranja", porque tal es el color de la misiva que se envía en Suecia, uno de los países que primero tomaron esa medida de transparencia con los cotizantes de sus sistemas públicos.
Hoy, la lista de países europeos que informan sobre las pensiones estimadas es larga: Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Finlandia...España estuvo a punto de dar el paso, pero se frenó. En 2015, hace ahora dos años y a las puertas de unas elecciones generales, la Secretaría de Estado de la Seguridad, dirigida como ahora por Tomás Burgos, detenía el proyecto de la carta y en su lugar anunciaba la creación de un simulador informático en su página web. El Gobierno cambió la carta por un procedimiento menos accesible (se necesita firma electrónica para realizar el cálculo) y el manejo de información y de herramientas telemáticas a las que no todo el mundo está acostumbrado, criticaron ayer fuentes del sector financiero.
La patronal de las aseguradoras (Unespa) y la de las instituciones de inversión colectiva (Inverco) han avivado últimamente su petición de que se desbloquee la "carta naranja". Puede decirse que esos sectores y también la banca están tan interesados en que esa información llegue a los ciudadanos (por lo que supondría como incentivo para la contratación de planes y seguros privados y otros productos de ahorro) como puede estarlo el Gobierno en no hacerlo por razones políticas.
Aunque el Ejecutivo no lo reconoció y las entidades financieras evitan una acusación explícita, está asentada la tesis de que la carta a los futuros pensionistas se paró por el desgaste político que puede suponer para un gobierno comunicar a los trabajadores cuál será el importe estimado de sus pensiones recogiendo el impacto de las reformas de estos últimos años que más afectan a la generosidad de las prestaciones: ampliación gradual de los años laborales que cuentan para el cálculo de la pensión, supresión de la revalorización según el IPC para blindar el poder adquisitivo y la cercana aplicación (desde 2019) del llamado "factor de sostenibilidad", que ajustará el importe de las pensiones iniciales de los jubilados considerando la evolución de la esperanza de vida.
El efecto de la variación en el cómputo de la vida laboral no será uniforme: perjudicará a quienes hayan tenido mayores ingresos en los últimos 15 años de trabajo que en los anteriores y favorecerá a aquellos otros que, como muchos trabajadores durante la crisis, perdieron su empleo o sufrieron rebajas salariales en los ejercicios más cercanos a la jubilación. Distintos trabajos académicos confluyen en que el cambio del sistema de revalorización provocará un descenso de hasta el 30% en la cuantía real de las pensiones (una vez descontada la inflación). Y los estudios sobre el factor de sostenibilidad hablan de otra pérdida media del 7% en el conjunto de los ingresos del jubilado.
La opinión dominante es que el Gobierno de Mariano Rajoy no mandó la "carta naranja" ante la expectativa segura de que tendría un precio electoral que cada trabajador mayor de 50 años comprobara con datos de la Administración que su pensión futura iba a tener un recorte relevante respecto a sus expectativas. Fue una decisión "exprés" y cuando casi todo estaba preparado. El Ministerio de Empleo llegó a contratar provisionalmente con Unipost el servicio de envíos, y se había comprometido a que la información llegara también con el tiempo a los trabajadores de 40 años en adelante.
Finalmente, en lugar de la carta se creó el simulador informático, que por otra parte incurre en falta de rigor económico, indicaron fuentes conocedoras, porque los resultados no se deflactan. La máquina estima la pensión nominal sin tener en cuenta una estimación del impacto que tendrá el comportamiento del coste de la vida. La Seguridad Social acaba de anunciar cambios para depurar el cálculo e incluir el impacto del "factor de sostenibilidad".
