Asturias forma parte de las diez regiones que sufren "fugas" de patrimonios grandes en dirección a otras que ofrecen una fiscalidad más ventajosa para los ricos. En cambio, el Principado presenta un saldo positivo (más entradas que salidas) de contribuyentes que no forman parte del 1% más acaudalado.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha divulgado un informe de los economistas Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco, ambos de la Universidad de Zaragoza, que indaga en los cambios de residencia de los ciudadanos entre regiones y en el impacto que en ello tienen las diferencias que existen en los impuestos personales sobre los que tienen atribuciones las autonomías: el IRPF, el tributo de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. El trabajo indica que la competencia fiscal entre territorios influye efectivamente en la elección de la comunidad de residencia de los ricos y que Madrid es la que más los atrae. Se precisa, no obstante, que hay más factores de peso: "Algunas variables sociodemográficas o relacionadas con las oportunidades que las comunidades ofrecen a los individuos también son relevantes para explicar las decisiones de localización".
A partir de una comparación entre los datos del año 2006 (antes de que las divergencias fiscales se aceleraran) y 2012, el informe traza el panorama que se resume en los siguientes puntos.
Los ricos. Madrid es la comunidad fiscalmente más atractiva para el 1% más rico de los contribuyentes porque el tipo de la tarifa autonómica del IRPF que grava las rentas más altas es el más bajo del país (21%, frente al 25,5% de Asturias), porque exime de pagar el impuesto de patrimonio (en Asturias lo paga quien tiene más de 700.000 euros) y porque prácticamente tampoco cobra el tributo de sucesiones a los parientes cercanos (en Asturias se paga a partir de las herencias de 300.000 euros). Así que Madrid es la comunidad que más ricos recibe procedentes de otras zonas (2.642 en el período estudiado, el 59% del total y casi la mitad con origen en Andalucía y Cataluña) y la que tiene un saldo más positivo entre entradas y salidas (ver gráfico adjunto). Otros territorios con saldos positivos y que por tanto captan más ricos de los que pierden son Baleares, Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana. Asturias es una de las diez regiones de régimen común con saldo negativo: entre 2006 y 2012 salieron 208 contribuyentes acaudalados (el 60% desplazados a Madrid) y entraron 80.
Los demás. De acuerdo con esos resultados, Asturias formaría parte de la parte de España donde la fiscalidad tiende a deslocalizar a los ricos en favor de Madrid. Pero el "infierno fiscal" que denuncian a menudo los partidos de la derecha en la Junta General del Principado (PP y Foro) no lo es en cambio para los demás contribuyentes, al menos según se infiere de otros resultados del estudio. Al examinar el comportamiento el 99% de los ciudadanos restantes, entre los que están las clases medias, Asturias presenta resultados positivos: la región atrajo en el período estudiado a más personas (9.312) de las que emigraron (7.165), conforme a las cuentas de los investigadores de Fedea. El balance de Madrid en este caso resulta negativo: perdió más de 11.000 contribuyentes, presumiblemente en beneficio de zonas como Castilla-La Mancha, cercanas a la capital, bien comunicadas con ella y con precios de la vivienda más baratos, factores que para este perfil de personas pesan más que los beneficios fiscales legislados por la Asamblea de Madrid, porque el principal de ellos, la exención del tributo de patrimonio, no les afecta.
"La competencia fiscal es un subproducto, seguramente inevitable, de un modelo de asignación de tributos entre niveles de gobierno genuinamente federal. Pero las decisiones tributarias tomadas por los gobiernos descoordinados pueden implicar la aplicación de tipos impositivos ineficientemente bajos, así como afectar a la distribución de la renta, entre otras externalidades", reflexionan López Laborda y Rodrigo Sauco sobre la forma en que las autonomías han ejercido en estos años su capacidad de modificar impuestos (subir o bajar tipos de gravamen o establecer bonificaciones y recargos).
Añaden los autores que esos riesgos que apuntan están atemperados en el caso del IRPF porque una parte de la escalada de gravamen (el tramo autonómico, mientras que el estatal es igual para todo el territorio de régimen común). En cambio, la situación de los tributos de patrimonio y de sucesiones es más comprometida, alertan estos expertos: "Si se quiere evitar que la competencia fiscal acabe conduciendo a la eliminación de estos impuestos, y si se pretende que los mismos continúen cumpliendo un papel en la redistribución nacional de la riqueza, debería introducirse algún límite a la reducción de tipos de gravamen que garantizara un mínimo de tributación en todo el Estado".
