Nadie duda de que será necesario limitar las emisiones de dióxido de carbono y, por ende, algunos sistemas de producción de energía, los basados en los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas, tienen los días contados. Pero ¿cuándo? Esa es la verdadera batalla política que se libra en el debate sobre la supresión anticipada de los pagos por capacidad a las térmicas, en la acción del Gobierno central para tratar de condicionar los cierres anunciados por Iberdrola (entre ellos la térmica de Lada) y lo que está tras la tensión entre la visión del PSOE asturiana y la de la dirección federal.
La Unión Europea ha fijado para el año 2050 la completa descarbonización de la generación energética. Para entonces, los países miembros deberán tener sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente y que no contribuyan con emisiones de CO2 al cambio climático. Pero esa transición energética puede llevarse a cabo a las bravas o de manera ordenada.
El gobierno asturiano ha expresado una posición firme en la defensa de que el cierre de Lada no sea traumático. No por los efectos directos, sino por los indirectos: pérdida de tráficos de carbón de importación en El Musel, menor competitividad energética de Asturias, descenso en las estadísticas económicas por el cómputo en el Producto Interior Bruto de la generación de energía... ¿Está Asturias preparada para afrontar ya la clausura de las fuentes energéticas del carbón? ¿Y lo están los bolsillos de los ciudadanos?
Hay discrepancia en si la clausura de las térmicas elevará el precio de la electricidad, aunque todo parece indicar que sí, ya que las otras formas de generación tienen costes más altos. Otros estudios sostienen, en cambio, que a medio plazo y con una correcta planificación para implantar fuentes de energías renovables, el precio de la factura será menor.
Por eso la guerra está en si debe dotarse o no al Gobierno central de las armas más poderosas para poder establecer un "veto" frente a las decisiones empresariales que tratarán de deshacerse de las térmicas en cuanto empiecen a considerarlas menos rentables, para cambiarlas por otras tecnologías (ciclo combinado) que producen mayores beneficios pero que encarecen la factura.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal (PP), reveló ayer que trató durante meses de consensuar con el PSOE de Pedro Sánchez un acuerdo para establecer, por ley, la potestad del Ejecutivo para rechazar el cierre de térmicas esgrimiendo que podría encarecer el recibo de la luz. Al no poder hacerlo, tiene que fijarlo por decreto.
Si ya existía poco malestar en algunos ámbitos del PSOE asturiano con la actitud de la dirección federal socialista, excesivamente "verde" por impronta de Cristina Narbona, este dato elevó aún más la discrepancia. Si el PSOE apoyase que fuese una ley y no un decreto el que concediese al Gobierno central, del Partido Popular, la potestad de frenar cierres en aras a evitar subidas de la electricidad, la fortaleza legal para combatir decisiones como las de Iberdrola sería mayor.
La paradoja es que la voz que defiende la posición del PSOE federal es el asturiano Hugo Morán, responsable de la política de transición energética de Pedro Sánchez. Es decir, quien bloqueó el acuerdo que pedía el ministro Nadal. Morán se defiende: la descarbonización es imparable y si el Gobierno central no ha hecho sus deberes para establecer a tiempo fórmulas de compensación es su problema.
Contradicciones las hay por doquier: IU de Asturias critica el cierre de Lada, pese a que su partido impulsó con Podemos en el Congreso la propuesta para limitar los pagos por capacidad. Otro tanto ocurre con Ciudadanos.
Lo cierto es que el tic-tac de ese reloj energético no cesa. La cosa es que el tiempo hasta que llegue ese "ring" no lo pase el Gobierno dormido, pero que tampoco conlleve prisas con profundas consecuencias económicas.
