La dirección de Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), la filial industrial de Central Lechera Asturiana (Clas), y los sindicatos reanudaron ayer las negociaciones del nuevo convenio colectivo de la empresa agroalimentaria después de que la plantilla desconvocara la semana pasada la huelga intermitente que mantenía desde noviembre. Ambas partes decidieron comenzar por discutir los aspectos en los que consideran que pueden llegar a un acuerdo rápido y en los que las diferencias no son demasiado abultadas. Se trata de algunas medidas ligadas con la flexibilidad y la organización del trabajo. Para hoy, sin embargo, han dejado el que se prevé que sea el muro de las discusiones: el asunto salarial, donde las posturas sí que están bastante alejadas.

Los sindicatos reclaman una subida del 1,6% para los próximos cinco años. Sin embargo, la compañía ve demasiado elevado ese porcentaje y ayer puso sobre la mesa, según la versión sindical, una congelación de las nóminas de su plantilla para este año en compensación por las horas de trabajo perdidas por la huelga, y un incremento de los sueldos del 1,2% para los siguientes. Cuatro décimas por debajo de las aspiraciones sindicales.

También hay diferencias en la parte variable de los sueldos. Los sindicatos piden que se tengan en cuenta para su cálculo los beneficios de la compañía, que hasta junio de este año ganó once millones de euros, señalan. La empresa quiere introducir otras variables, como el absentismo laboral, que no convencen a la plantilla.

No obstante, el presidente del comité de empresa, Ramón Ángel Urbano, señaló que las distancias son "salvables", aunque advirtió que si Capsa no mejora hoy su oferta económica el acuerdo puede volver a saltar por los aires, por lo que los sindicatos retomarían las protestas.

El salarial no es el único punto de fricción. Los sindicatos reclaman también que se retiren las sanciones a quince trabajadores y que se vuelva a readmitir a un empleado que había sido despedido hace unas semanas con motivo del conflicto y el tira y afloja que la plantilla mantiene con la dirección de la empresa.

Las centrales también insistirán en que se garantice el futuro de la planta de Granda, que cuenta con más de setecientos trabajadores, y que la producción que se ha derivado a otras instalaciones del grupo, especialmente a Galicia, vuelva a Siero.