El secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, que el pasado lunes visitó Zamora para participar en una conferencia organizada por el sindicato sobre salarios y pensiones dignas, considera que estos dos puntos son parte fundamental del trabajo de la central sindical para el nuevo año. Álvarez apuesta además porque los acuerdos de subida salarial sean de obligado cumplimiento para los empresarios.
- ¿Qué grandes tareas pendientes tiene el sindicato para el ejercicio que viene?
-Tenemos retos fundamentales. El primero tiene que ver con el reparto de la riqueza. El país está creciendo y hay gente que está ganando muchísimo dinero. El problema es que, a la vez, hay gente que trabaja para seguir siendo pobre, con trabajos de media jornada y jornada parcial. En definitiva, no se han generado los medios para vivir dignamente.
- ¿Qué propuestas de actuación tienen al respecto?
-Hay que actuar sobre la calidad en el empleo. La reforma laboral es la causante del estropicio actual del mercado de trabajo y por tanto queremos revertir los efectos negativos de la reforma. Es necesaria más estabilidad en los contratos, que los temporales obedezcan a razones temporales y que no sean contratos indefinidos camuflados, lo que afecta a los derechos de los trabajadores. Y hay que actuar en los salarios.
- Piden que ningún salario esté por debajo demil euros al mes.
-Debe concretarse en las conversaciones sobre negociación colectiva y va en la línea de repartir la riqueza que se está generando. Es un lema que nos va a acompañar el tiempo que sea necesario, hasta que todos los trabajadores cobren un mínimo de mil euros al mes.
- ¿Consideran que es suficiente para vivir con dignidad?
-No, no es suficiente. Pero España tiene 18 millones de trabajadores y, más o menos, la mitad de ellos cobra menos de mil euros al mes. Nos parece un objetivo que hay que conseguir por la vía de la negociación colectiva.
- ¿Y el otro punto pendiente?
-Las políticas sociales. Tenemos que crear una renta mínima que garantice derechos. No solo desde el Gobierno, también desde los ayuntamientos. Empezando por la vivienda, que debe ser parte fundamental de las políticas sociales de los ayuntamientos. Buscamos un colchón de protección integral, y no como ahora, que hay municipios que dedican recursos, otros que no, y lo mismo pasa con las autonomías.
- ¿Cómo están las conversaciones con la patronal sobre la negociación colectiva?
-Ni siquiera se han abierto las negociaciones. Acabamos de cerrar el acuerdo para un planteamiento común con CC OO. Hay dos elementos fundamentales en los que ambos sindicatos vamos a coincidir: las ganancias de poder adquisitivo y el reparto de la riqueza. Queremos que los trabajadores con sueldos más bajos tengan un crecimiento más alto. Esto se daría en empresas pequeñas, en el sector servicios, que son los que más han sufrido las consecuencias de la crisis.
- ¿Hay algún instrumento para que estos acuerdos se cumplan?
-No hay instrumentos. Esto no son convenios, son las bases para negociar. La otra parte no tiene ninguna obligación jurídica que podamos exigir. Se trata más bien de una obligación política para el desarrollo del acuerdo, como también la tenemos las organizaciones sindicales.
- ¿Lo van a exigir?
-Sí, en este acuerdo vamos a exigir a la patronal que el cumplimiento sea sobre todo en aquellos lugares con salarios más bajos y trabajadores en una peor situación. Donde hay un sindicato fuerte las subidas de sueldo se consiguen, en ocasiones, sin necesidad de este tipo de acuerdos.
- Anticipó una "primavera caliente" si no se avanza en negociación colectiva ¿habla de una huelga o no se ven con suficiente fuerza en la calle?
-Tenemos la fuerza que nos da la gente. Somos conscientes de que el sindicalismo no pasa por sus mejores días. Hay gente interesada en desprestigiarnos para quitarnos poder de negociación al tiempo que se recortan nuestros derechos. En otoño no se ha podido avanzar por la situación política del país, monopolizada por Cataluña. En enero esto tiene que cambiar y que la agenda social vuelva a formar parte central del debate político del país. Si no hay movimiento por parte de patronal y del Gobierno, se abrirá un proceso de movilizaciones de verdad. Ya veremos cómo las concretamos, pero serán serias.
- ¿Quienes comienzan ahora su vida laboral tienen la pensión pública garantizada?
-Por supuesto. No tengo ninguna duda. El sistema está garantizado porque sobre él decidimos los ciudadanos, que tenemos que decidir si invertimos en pensiones públicas o en otra cosa. No hay ningún sistema más fiable y garantista que uno público.
- ¿Hay que subir cotizaciones?
-Habría que eliminar el tope de las cotizaciones sociales y que los gastos de gestión de la Seguridad Social se financien con cargo a los Presupuestos del Estado como se hace en países de nuestro entorno. Esta medida supondría un ahorro de 4.500 millones al año. Además, habría que acabar con las subvenciones a la contratación, que no generan empleo. Si un empresario contrata a un trabajador es porque lo necesita, no porque la contratación esté subvencionada. Si hubiera que dejar alguna ayuda a la contratación, también tendría que financiarse con cargo a los Presupuestos. La Seguridad Social se sanearía en dos años.
