El Tribunal Constitucional ha declarado "nulos e inconstitucional" un decreto del Gobierno que concedió una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa Escal UGS, participada por ACS, tras la paralización del proyecto del almacenamiento subterráneo de gas Castor, situado frente a la costa de Castellón, infraestructura que quedó paralizada a raíz de que las operaciones para inyectar el combustible provocaran centenares de movimientos sísmicos. El Constitucional admite "parcialmente" los recursos interpuestos por la Generalitat catalana y por más de cincuenta diputados del Grupo Socialista en el Congreso. Los magistrados no entran en el fondo del asunto, pero censuran que la indemnización, que se pagará con cargo a la tarifa del gas durante 30 años, se aprobara por decreto ley sin justificar su urgencia.
