El Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no han cerrado aún las negociaciones para la reforma del impuesto de plusvalías, ocho meses después de que el Tribunal Constitucional anulase parcialmente la normativa estatal sobre el tributo. Las diferencias acerca del nuevo sistema para fijar la base imponible y las compensaciones a las que aspiran los ayuntamientos para aliviar la pérdida de recaudación han atascado la nueva regulación, generando inseguridad jurídica e indefensión para los contribuyentes y para los consistorios, según ha alertado la propia FEMP.
La junta de gobierno de la Federación de Municipios ha instado este mes al Gobierno central a "cerrar cuanto antes" una solución para el técnicamente denominado impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravamen que recaudan los ayuntamientos y que están obligados a pagar quienes venden o heredan viviendas u otros bienes inmuebles por la plusvalía supuestamente obtenida con el suelo. El mecanismo para determinar esa plusvalía (a partir del valor catastral) fue declarado inconstitucional en parte por una sentencia del 11 de mayo de este año. El Tribunal Constitucional invalidó la norma en la medida en que hace posible que incluso tengan que pagar la plusvalía aquellos contribuyentes que venden sus inmuebles con pérdidas, algo muy frecuente durante la crisis.
La alta magistratura emplazó al poder legislativo a reformar la ley de Haciendas Locales, pero hasta ahora no se ha iniciado la tramitación parlamentaria. El anteproyecto de reforma, redactado en julio por el departamento de Cristóbal Montoro, permanece varado en las negociaciones con la FEMP, y no hay, indicaron a este diario fuentes de Hacienda, plazo preciso para su aprobación.
El proyecto en discusión exime de pagar plusvalías, con efectos desde el 15 de junio (fecha de publicación de la sentencia del Constitucional), a los contribuyentes que acrediten la inexistencia de aumento de valor del suelo entre la adquisición y la transmisión del inmueble. Podrán utilizarse para ello las escrituras públicas de adquisición y venta. Cuando en ellas no aparezca desglosado el valor del terreno y el de la construcción, el primero se determinará aplicando la proporción que figura en la tasación catastral. Y en el caso de las herencias se tomará como referencia el valor declarado y comprobado por la Administración al liquidar el impuesto de sucesiones.
Esa parte de los cambios no generan controversia, pero sí el nuevo procedimiento que Hacienda plantea para fijar la base imponible y que consiste en multiplicar el valor catastral por un coeficiente según la antigüedad de la adquisición. Los coeficientes máximos propuestos han despertado recelos entre los ayuntamientos cuando no la abierta oposición de aquellos grandes donde la recuperación del sector inmobiliario ha sido más temprana y sólida -Madrid y Barcelona, entre ellos-, al considerar que el sistema les resta una parte relevante de los ingresos. Así, la FEMP quiere negociar "unos coeficientes máximos que afecten menos a la recaudación", según un comunicado de su junta de gobierno. Y demanda también compensaciones para los ayuntamientos "por la pérdida global de recaudación derivada de la aplicación de la sentencia". Los consistorios españoles ingresan por las plusvalías más de 2.000 millones al año, casi 44 de ellos en Asturias.
El retraso de la reforma ha hecho que la mayoría de los ayuntamientos, entre ellos los asturianos, sigan liquidando la plusvalía según la norma declarada inconstitucional y obligando a los contribuyentes a pleitear en los casos en que el incremento de valor no es real.
