El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho Rodríguez está citado para declarar como testigo en un juicio contra la entidad financiera que se celebrará el martes, día 4 de febrero, en Oviedo. El magistrado Eduardo García Valtueña, titular del juzgado de primera instancia número once de la capital asturiana, aceptó la petición del letrado Jorge Álvarez de Linera, que representa a un taxista de la cuenca del Nalón que había invertido 30.000 euros en la ampliación de capital del Popular de 2016 y que perdió sus ahorros. El abogado reclamó la presencia de Saracho y del que fuera secretario del consejo de administración del banco, Francisco Aparicio Valls, para que expliquen las razones de la caída de la entidad financiera que dejó atrapados a miles de accionistas.
El banco lanzó en mayo de 2016 una ampliación de capital con el objetivo de tratar de salvar su crítica situación. Logró captar a 47.000 inversores, pero el dinero recaudado no consiguió tapar el agujero y la entidad financiera acabó siendo intervenida y vendida por el precio simbólico de un euro al Banco Santander el pasado verano. La caída dejó atrapados a los accionistas, que están optando por demandar al banco para intentar recuperar su dinero. En mitad de esa tormenta, Emilio Saracho, tomó las riendas de la entidad en febrero de 2017, en sustitución de Ángel Ron. Abandonó su puesto en cuanto el Popular cambió de manos. Con lo que le tocó estar al frente de la entidad durante sus momentos más complicados. El objetivo de citarle a declarar, señala el letrado Jorge Álvarez de Linera, es que "explique cómo ese banco pudo perder 12.000 millones de euros durante el primer semestre de 2017. ¿Qué pasó con ese dinero?".
El abogado explica también que en este caso, como acude en calidad de testigo, Saracho no puede acogerse a su derecho a no declarar. La defensa de la entidad financiera, según la versión de Álvarez de Linera, trató de recurrir la decisión del juez asturiano, aunque sin éxito. "La única forma de que no venga a declarar es que no recoja la citación del juzgado", señala el abogado asturiano.
El caso que se está juzgando es el de un taxista al que un empleado de una sucursal del Popular le convenció para que pidiera un crédito para poder participar en la ampliación de capital del banco. Compró 30.000 euros en acciones. "Le garantizaron que aquello era un buen negocio y que en un año iba a poder recuperar su inversión", señala el abogado. Al final se encontró con un préstamo por pagar y sin ahorros.
