La estrategia del Gobierno central de utilizar la regulación eléctrica para limitar la capacidad de las empresas generadoras de cerrar sus propias instalaciones ha desencadenado un nuevo choque entre el sector y el Ministerio de Energía. El proyecto de la norma que el ministro, Álvaro Nadal, quiere invocar para detener, entre otros posibles, el achatarramiento de la térmica asturiana de Lada es visto por su propietaria, Iberdrola, pero también por el resto de las principales eléctricas, como un procedimiento contrario a la legislación española y europea. Las alegaciones de la propia Iberdrola, de EDP y de Endesa anticipan un enconado pulso administrativo y judicial con el Ejecutivo.

La elaboración del "decreto Nadal" sobre las condiciones para el cierre de centrales eléctricas se aceleró a raíz de anunciar Iberdrola su intención de clausurar las térmicas de Lada y Velilla del Río Carrión, esta última en Palencia. La respuesta del Ministro, con el respaldo de los gobiernos autonómicos de Asturias y de Castilla y León, fue el anuncio de una regulación para endurecer las autorizaciones de cierre de las centrales.

La Ley del Sector Eléctrico determina que, previo informe de los organismos reguladores (CNMC) y operadores del mercado (Red Eléctrica de España), la clausura no será permitida si compromete la seguridad del suministro. Con decenas de centrales de gas (ciclos combinados) sin apenas actividad durante gran parte del año por el exceso de capacidad instalada, el argumento de la seguridad queda esterilizado en casos como el de Lada. Dejar fuera del mercado sus 358 megavatios de potencia no conlleva riesgo para cubrir la demanda. Ahora el departamento de Nadal propone una norma más estricta que añade la cuestión del impacto económico en el mercado: se permitirá el cierre de una instalación sólo "cuando no fueran esperables efectos desfavorables en los precios de la electricidad".

El Ministerio trata de anticiparse así a lo que viene por delante debido a la antigüedad de muchas instalaciones y en el contexto de "transición energética" hacia un modelo bajo en emisiones de dióxido de carbono (CO2) que ordena la UE: una posible cadena de cierres de térmicas de carbón y de nucleares, tecnologías ambas que, aunque con distintos papeles en el sistema -las centrales atómicas funcionan de manera constante, aportando energía de base; las carboneras cubren puntas de consumo-, contribuyen decisivamente a moderar los precios en el mercado mayorista de la electricidad.

El "decreto Nadal" afronta un primer problema jurídico que tiene origen político. La negativa del PSOE nacional a negociar una reforma mediante ley ha empujado al Ministerio a promover los cambios a través de un real decreto. En las alegaciones que ya han formulado Iberdrola y Endesa se hace notar que el Gobierno pretende una modificación sustancial de una ley (la del sector eléctrico de 2003) mediante una norma que tiene rango inferior. A ese motivo de impugnación, las compañías que presiden Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) y Borja Prado (Endesa) añaden que el proyecto del Gobierno infringe principios esenciales como el de la libertad de empresa, protegido por la Constitución y por los Tratados de la UE.

EDP España (antes Hidroeléctrica del Cantábrico) ahonda en que el "decreto Nadal" choca con las directivas comunitarias. En sus alegaciones, la dirección que encabeza desde Asturias Miguel Stilwell subraya que en el paquete normativo de la UE para la "transición energética" la propuesta de directiva que regulará el mercado europeo habla de "libertad de cierre". Y en el reglamento propuesto se concreta que se permitirá "la entrada y salida de empresas de generación y suministro de electricidad en función de su evaluación de la viabilidad económica y financiera de sus operaciones".

EDP plantea además una alternativa para evitar "el cierre anticipado de las centrales necesarias para el sistema", mediante un nuevo incentivo para resolver la pérdida de rentabilidad de las instalaciones. Consistiría en "un mercado de capacidad" en el que, a través de un procedimiento de subasta, se retribuiría la función de respaldo que, para garantizar el suministro, realizarían las térmicas que resultasen adjudicatarias. "Se aseguraría que sólo la capacidad firme necesaria para asegurar la estabilidad del sistema sería recompensada", argumenta EDP. Para aquellas centrales que quedaran fuera de ese mecanismo se permitiría "el cierre voluntario".