El Gobierno seguirá adelante con la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica pese al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pone en duda su base legal. El Ministerio de Energía considera que existe "un problema económico de fondo" que requiere una solución y "teme" que clausuras como las de la térmica de carbón de Lada, o de nucleares, puedan hacer subir los precios de la electricidad. El Gobierno del Principado está "perfectamente alineado" con la postura de Energía y ayer recibió el respaldo de la patronal FADE y de los sindicatos UGT y CC OO para defender que sea el Gobierno y no las empresas quienes diseñen la política energética, y el mantenimientos de las térmicas.

Aunque el Ministerio de Energía seguirá adelante con su decreto para dificultar el cierre de plantas -incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales- está dispuesto a introducir cuestiones que plantea la CNMC como la hibernación de las centrales -un cierre temporal cuando hay excesos de capacidad- o correcciones en el mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar. Además, fuentes del Ministerio señalaron a LA NUEVA ESPAÑA que no se cierran "a la posibilidad de aprobar una norma con rango legal superior", lo que supone un nuevo emplazamiento al PSOE y al resto de partidos a negociar una ley de cierre de centrales en el Congreso.

El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, no ve mal esa posibilidad del refuerzo. "El informe de la CNMC no es vinculante y yo entiendo que el Gobierno debe de continuar en la posición que mantiene, por esta vía (el decreto) o por la vía legal en su caso a través de una acción normativa en el Congreso de los Diputados, como considere oportuno, pero creo indispensable la acción del Gobierno", señaló Javier Fernández, que reiteró que el caso del cierre de centrales térmicas "la decisión última, la que tiene que ver con los intereses generales, corresponde al Gobierno y no a las empresas".

Javier Fernández reunió ayer en la sede de Presidencia a los representantes de la patronal FADE y de los sindicatos UGT y CC OO para analizar el informe de la CNMC. Todos coincidieron en la necesidad de regular los cierres de las centrales eléctricas y defender la continuidad de las térmicas.

Isaac Pola, consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, destacó "el apoyo al Ministerio de Energía, con el que estamos perfectamente alineados en este asunto". De hecho señaló que desde ayer mantienen contactos con el Ministerio y que con él estudiarán desde el punto de vista técnico, jurídico y procedimental cómo se puede seguir adelante con la normativa de cierre de las centrales térmicas "por su implicación energética, sobre el empleo y también sobre el conjunto de la economía asturiana por las repercusiones del precio de la electricidad". El director general de FADE, Alberto González, se mostró partidario de una "transición ordenada" del sistema energético español y señaló que el mantenimiento o no de las centrales "no debe ser producto de la improvisación ni de una decisión unilateral por parte de nadie, en particular de una empresa; esto es una cuestión puramente política". El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, pidió "un consenso político" para que "no sean las empresas" las que decidan la estrategia energética y desde CC OO de Asturias José Manuel Zapico también destacó la "necesidad de arrimar el hombro" y puso en duda "el rigor" de los informes de la CNMC.