La industria intensiva en consumo de energía está "preocupada" por el efecto que podría tener el cierre de las centrales térmicas de carbón en el precio de la electricidad. La Asociación de empresas de con gran consumo de energía (AEGE), de la que forman parte compañías industriales claves en Asturias como Arcelor-Mittal, Asturiana de Zinc o Alcoa, reclama un "consenso político" sobre las centrales térmicas para evitar que su cierre produzca un alza de precios de la energía que reste competividad a las factorías industriales enfocadas al comercio internacional.

Fernando Soto, director general de AEGE, apuntó que la industria electrointensiva sigue muy de cerca el debate sobre el futuro de las térmicas de carbón y que los nuevos condicionantes, como el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que pone en duda la base legal del decreto del Gobierno para frenar el cierre de centrales como la de Lada, añaden incertidumbre.

"Nos preocupa el efecto que puede tener la retirada de centrales en el incremento del precio de la electricidad porque en España los precios de la energía ya son muy superiores a los de otros países competidores como pueden ser Alemania", afirmó Fernando Soto. Ese factor tiene especial incidencia en regiones como Asturias, donde la industria tiene un peso muy importante y además su actividad es intensiva en consumo eléctrico. Es el caso de las factorías de socios de AEGE como Arcelor-Mittal, Asturiana de Zinc, Alcoa o Praxair. El 86% del consumo de energía eléctrica en Asturias está vinculado a la fuerza industrial. En 2016, de los 9.595 GWh consumidos en la región, 8.251 correspondieron a la industria y sólo 1.344 procedieron de usos domésticos, según los últimos datos anuales de los que dispone la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI).

La sobrecapacidad

El director de AEGE señaló que es cierto, como apunta el informe de la CNMC sobre el decreto de las centrales, que en España hay un sobrecapacidad de instaciones de generación eléctrica, pero añadió que "una reducción de la oferta y una sustitución ahora del carbón por otras fuentes puede disparar los precios". Las centrales de carbón serían sustituidas, principalmente, por las de ciclo combinado, muchas de las cuales tienen ahora un reducido funcionamiento. La sustitución de carbón por gas reduciría las emisiones de CO2 pero encarecería la electricidad, en la medida en que se pagaría más a esas centrales de ciclo combinado -el precio del gas es en estos momentos más caro y el coste de los "bonos de carbono" es bajo- y también por cada uno de los kilovatios del conjunto de las tecnologías cuando el gas marcara los precios en el mercado eléctrico, que tiene un esquema marginalista según el cual el precio ofrecido por la última central que entra a cubrir la demanda es el que marca el precio del conjunto.

Desde la Asociación de empresas de gran consumo de energía son conscientes de que las renovables tienen que ir incrementando su porción en la tarta energética para cumplir con los objetivos de descarbonización que fija la Unión Europera, pero añaden que para ello se necesitan centrales de respaldo, como las térmicas de carbón, que no incrementen el precio de la electricidad. Al menos mientras que no se avance en nuevos sistemas de almacenamiento de la energía que eliminen el problema de la intermitencia de las renovables y que permitan garantizar la seguridad del suministro eléctrico. "La transición energética debe realizarse de forma ordenada, sin saltos, y por eso consideramos muy importante el trabajo que va a realizar el comité de expertos que ha reunido el Gobierno y que se tengan en cuenta sus valoraciones porque nos jugamos mucho", apuntó Fernando Soto, que destacó que "el tema energético es un tema de Estado y por tanto para abordar la transición se debe llegar a un consenso de las fuerzas políticas o, al menos, a un acuerdo lo mayor posible".

El decreto de las térmicas

En ese marco de pactos, Soto incluye la decisión sobre el futuro de las centrales térmicas de carbón pero, de momento, no hay ningún acuerdo político. El Ministerio de Energía está tramitando un decreto para dificultar el cierre de centrales como la de Iberdrola en Lada al vincularlo no sólo a cuestiones de seguridad del suministro sino también a los efectos en el precio de la electricidad o en la planificación energética y medioambiental. El Gobierno del PP recurrió a un decreto, fórmula que cuestiona ahora la CNMC, porque alega que no encontró respaldo de otros partidos políticos para tramitarlo como Ley en el Congreso.

El Gobierno socialista del Principado respalda la postura del Ministerio de Energía y cuenta con el apoyo de la patronal FADE y de los sindicatos UGT y CC OO. Sin embargo con quien no está alineado el Gobierno regional es con el PSOE nacional, partidario de avanzar en el proceso de desacarbonización y de luchar por compensaciones para las zonas afectadas. La diputada asturiana del PP Susana López Ares afirmó ayer, en referencia a la postura del PSOE, que "el corazón negro se está transformando en un corazón verde".