Las pérdidas de renta que sufrirán los pensionistas actuales y los futuros como consecuencia de los ajustes en el sistema público de prestaciones pueden tener impactos severos sobre el producto interior bruto (PIB) y el empleo en España, según un estudio conocido ayer, jornada en la que sindicatos y colectivos de jubilados protagonizaron nuevas acciones de protesta en todo el país. Asturias, donde las pensiones son parte muy principal de la renta de los hogares, está particularmente expuesta a los riesgos individuales y macroeconómicos que conlleva la merma en la capacidad de compra de los mayores.

La consultora Analista Financieros Internacionales (AFI) firma un informe, elaborado por encargo del sector asegurador, que hace una aproximación a los efectos que tendrán sobre el consumo, y por tanto sobre la actividad economía, las reformas que afectan a la generosidad de las pensiones: el aumento gradual de la edad de jubilación; la ampliación de los años de vida laboral que se toman para calcular la prestación; el mecanismo que desliga la revalorización anual de la inflación y la supedita a la salud financiera de la Seguridad Social y el llamado "factor de sostenibilidad", que desde 2019 ajustará la nómina de los nuevos jubilados a la experiencia de vida de los españoles después de los 67 años. Según AFI, como consecuencia de esos cambios la pensión inicial pasará de suponer ahora una media del 81% del último salario al 63,2% en 2035; asimismo, el procedimiento de revalorización restará el 27% del poder adquisitivo a lo largo de la vida del jubilado, en un escenario probable de inflación.

Si ese deterioro de la renta no se compensa con medidas políticas o ahorro privado -AFI sugiere transformar patrimonio en rentas vitalicias, un producto de las aseguradoras que compite con los planes de pensiones financieros-, "pueden acabar generándose consecuencias macroeconómicas importantes en términos de empleo y de actividad económica general". La consultora que preside el catedrático de Economía Emilo Ontiveros calcula así esos riesgos para el período 2016-2035 en el conjunto de España: una pérdida media anual de 20.144 millones de euros en valor añadido bruto (VAB) y un recorte medio de 330.000 empleos, entre puestos directos, indirectos e inducidos.

"El consumo de los jubilados es una parte muy importante del consumo privado", se recoge en el estudio. Asturias es una de las regiones donde las pensiones suponen una proporción mayor de la renta familiar y del consumo privado (por el alto número de pensionistas y la elevada cuantía media de una parte relevante de sus nóminas), de forma que un deterioro en la capacidad de compra como el descrito en el informe supone para la economía asturiana una amenaza particularmente grave, con miles de empleos comprometidos.

AFI ha realizado su estudio por encargo de la patronal aseguradora Unespa. En ese contexto, el documento defiende que se extiendan, como complemento a la pensión de jubilación, las rentas vitalicias, alternativa a los planes de pensiones financieros que requiere el pago anual de una prima para obtener a partir de una edad determinada y hasta el fallecimiento una cantidad de dinero mensual. La consultora calcula que para compensar la pérdida de renta que sufrirá un pensionista medio español de 67 años necesitaría u complemento de 345 euros al mes, lo que requiere un ahorro previo de unos 55.500 euros. AFI no ahonda en las repercusiones que presumiblemente también tendría ese ahorro en el consumo y por tanto en el empleo y en el PIB. No obstante, apunta como alternativa que los hogares liquiden patrimonio inmobiliario (la vivienda, destino principal del ahorro de los españoles) para complementar la renta durante la jubilación.