Prescindir a la vez de las centrales nucleares y de las térmicas de carbón provocaría un encarecimiento de la electricidad de hasta el 65%, alertó ayer el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Desveló también que su departamento prevé nuevos ajustes en las retribuciones que reciben las empresas eléctricas por actividades como la distribución, de forma que en 2020 (año electoral) el recibo podría abaratarse entre el 5% y el 10%.

España aún no ha perfilado cuál será su hoja de ruta para cumplir los compromisos de "descarbonización" de la economía -reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)- que se dictan desde Bruselas, pero el ministro Nadal parece determinado a que no se cierren de manera acelerada las centrales térmicas de carbón. Tampoco las nucleares. Estas últimas instalaciones no emiten CO2, pero el final de la vida útil de los reactores españoles se está acercando sin que esté claro si las empresas propietarias estarán dispuestas a asumir las inversiones necesarias para prolongar la actividad.

El criterio del Gobierno es que ir a un cierre de las térmicas de carbón y también de las atómicas en el plazo de pocos años tendría un impacto en el precio de la electricidad que dañaría gravísimamente la competitividad de la economía. Nucleares y térmicas de carbón aportan hasta el 40% de la electricidad que se consume en el país y resultan claves para moderar los precios en el mercado mayorista de la luz: las centrales atómicas, como energía de base; las térmicas, para cubrir las puntas de demanda.

El Ministerio prepara una norma para limitar la capacidad de las eléctricas de cerrar centrales cuando la clausura puede afectar a los precios. Esa regulación ha enfrentado a Nadal con las principales compañías (sobre todo con Iberdrola), con las que mantiene otro pulso relacionado con la retribución de las actividades que son "monopolios naturales", en particular la distribución. El ministro dio a entender ayer, durante un acto en Málaga, que para 2020, año de elecciones generales, la combinación de nuevos ajustes en la remuneración de las distribuidoras, en las primas a las energías renovables y otros cambios en la parte regulada de la tarifa harán que el recibo se abarate hasta el 10% para los hogares.

Enfrente, las eléctricas mantienen el pulso. La patronal del sector, Unesa, ha recurrido en el Supremo la orden del Ministerio de Energía que ha congelado por quinto año los llamados "peajes de acceso" de energía eléctrica (la parte del recibo que fija el Gobierno y que supone la mitad del coste para el consumidor).