La gran rebaja fiscal de diciembre y las medidas proteccionistas contra las importaciones de acero (25%) y aluminio (10%) aprobadas el pasado jueves en EE UU suponen la puesta en marcha de la agenda ultraofensiva de Donald Trump, cuya estrategia de estímulos masivos y nacionalismo económico ha puesto nerviosos a los mercados financieros (como evidenció la convulsión vivida entre el 2 y el 9 de febrero), está crispando las relaciones internacionales, amenaza con perturbar el comercio global y el orden liberal, supone un grave riesgo para el crecimiento global y ha soliviantado a los países aliados.
La "guerra fiscal" de diciembre (como la definieron en febrero economistas del Banco Central Europeo), la refriega verbal cambiaria de enero para debilitar el dólar con un propósito ventajista y las hostilidades comerciales en marcha con el rearme arancelario anunciado en febrero y aprobado este jueves forman parte de un mismo plan de "empobrecer al vecino" que sólo puede conducir a una espiral de efectos perniciosos (también para el país causante) y a una escalada de represalias que será perjudicial para todos. EE UU lo pudo comprobar en el pasado con medidas análogas de anteriores presidentes del Partido Republicano, retórico adalid del libre comercio: Herbert Hoover en 1930, Ronald Reagan en 1984 y George W. Bush en 2002.
Efectos lesivos. Con independencia de los efectos lesivos que generan las medidas proteccionistas para quienes creen sentirse protegidos con ellas y de las consecuencias nocivas que arrostrarán para el conjunto de los socios comerciales a los que se pretende perjudicar con la equivocada pretensión del beneficio propio, el plan masivo de estímulos que Trump está empezando a poner en práctica entraña en sí mismo un riesgo global porque va suponer un chute innecesario de estímulos sobre una economía (la mayor del mundo, y por ello con repercusiones planetarias) que ya acumula nueve años de crecimiento (desde la II Guerra Mundial sus etapas de avance duraron de media cinco) y que, con una tasa de paro del 4,1% (mínimo en 17 años), está en situación de pleno empleo técnico.
Las políticas macroeconómicas activistas (sean fiscales o monetarias) tienen por objetivo combatir las recesiones una vez que se han producido y, en caso de periodos de crecimiento como el actual, prevenirlas reduciendo las fluctuaciones del ciclo económico para atenuar los periodos alcistas, eludir recalentamientos y "burbujas", y suavizar de este modo las correcciones inevitables cuando se agote la fase expansiva. Pero la instrumentación que pretende hacer de ellas Trump persigue justo lo contrario: no trata de atemperar el ciclo, sino de azuzarlo, forzando aún más la fase alcista, prologando sus efectos (EE UU está viviendo una de las tres etapas más prolongadas de crecimiento desde mediados del siglo XIX) e intensificando la tasa de avance del PIB, que pretende llevar del 2,3% del año pasado al 4%, según su promesa electoral.
La consecuencia de ello será forzar mayores desequilibrios, extremar el agotamiento del crecimiento potencial y engendrar las fuerzas que desencadenen correcciones más virulentas cuando la aceleración agote su recorrido factible.
Multiplicadores fiscales. La literatura económica sostiene además que los multiplicadores fiscales (los efectos adicionales sobre el crecimiento de las medidas de estímulo) son menores cuando la economía crece con vigor y ya está cerca o por encima de su producto potencial, en cuyo caso pueden alentar no tanto la prosperidad como la inflación, lo que conducirá a pérdidas de competitividad externa y a unas condiciones monetarias y financieras más restrictivas.
Esto ya está ocurriendo. Desde la aprobación de la reforma fiscal de Trump a mediados de diciembre, los rendimientos que el mercado exige a los bonos del Tesoro de EE UU a un plazo de diez años ha aumentado el 21% (pasó del 2,394% al actual 2,892%) y los mercados están descontando un aumento de los tipos oficiales de interés por la Reserva Federal (el banco central de EE UU) mayor que las tres subidas de 0,25 puntos cada una que se habían anunciado en diciembre.
La conmoción que vivieron las Bolsas y los mercados de bonos a comienzos de febrero, y algunas recaídas menores que se produjeron después, reflejan el temor a este escenario.
Con un déficit fiscal en 2017 del 3,5% del PIB_(666.000 millones de euros, el 13,6% más que en 2016), la rebaja tributaria de diciembre añadirá 1,5 billones de desajuste presupuestario en los diez próximos años (la previsión es superar el billón de dólares de descubierto en las cuentas públicas en 2019), que van a ser financiados con un aumento de los débitos públicos. El Tesoro tiene programado duplicar este año las emisiones de deuda hasta los 1,3 billones de dólares. La previsión es que el endeudamiento soberano alcance en 2019 el 109% del PIB del país, y todo ello cuando la Reserva Federal ha dejado de actuar como el comprador masivo de títulos que fue desde 2009 y en octubre emprendió la lenta reducción de los elevados volúmenes que atesora en su balance.
Para hacer atractiva la deuda a los inversores, y que el mercado absorba tanto papel, los rendimientos de los bonos tenderán a subir, y más cuando los inversores demandarán -ya lo están haciendo- una remuneración mayor para protegerse de una expectativa inflacionaria al alza a medio y largo plazo.
Medidas inflacionarias. La rebaja fiscal es una medida inflacionaria porque liberará renta disponible para el consumo, acrecentará los beneficios y dividendos empresariales y el consiguiente alza de la Bolsa genera un efecto riqueza.
Los aranceles y las medidas proteccionistas también lo son porque encarecen las importaciones (caso del acero y de aluminio), elevan los precios de la producción nacional competidora por el déficit de oferta causado por la penalización a las entradas de productos extranjeros, y el alza se traslada como costes a través de la industria transformadora a los bienes de equipo y también a los de consumo (coches, electrodomésticos, latas de cerveza, conservas alimentarias, papel de aluminio y cualesquiera otros que incorporen esos componentes), incrementando el nivel general de precios.
La promesa de Trump de desmantelar la Ley Dodd-Frank, de 2010, para desregular el crédito bancario; el aumento del techo de gasto federal en 300.000 millones, los incentivos para la repatriación de al menos dos billones de dólares de beneficios que las multinacionales estadounidenses tienen aparcados en otros países, el plan de inversión público-privado en infraestructuras por un importe estimado en 1,3 billones, el propósito de expulsión de mano de obra inmigrante cuando la tasa de paro está en niveles inferiores a los previos a la crisis, el abandono y revisión de tratados comerciales para desmantelar las cadenas globales de suministro en aras del retorno a suelo estadounidense de fase productivas de bajo valor añadido desplazadas a países de menores costes -y cuyo regreso_(de producirse) encarecerá todo el proceso fabril y el producto final-, y las escaramuzas verbales y declaraciones premeditadas dirigidas a depreciar el dólar constituyen toda una ofensiva de impulso económico que se percibe desmedido en los estadios de madurez y crecimiento en los que ya se desenvuelve la fase expansiva estadounidense y que puede derivar en un choque inflacionario cuando el IPC_de EE_UU culminó 2017 en el 2,1%, en el entorno del objetivo.
El umbral del dolor. Hay muchas dudas entre los economistas sobre dónde está situado actualmente el tipo de interés neutral, aquel que ni frena ni relanza la economía y que es compatible con el pleno empleo y una inflación controlada.
También hay muchas incógnitas sobre el efecto de la apuesta inflacionaria de Trump en un mundo que se ha desenvuelto en tasas de baja inflación por causas estructurales globales incluso en condiciones de pleno empleo.
Y también se debate sobre cuál es el "umbral de dolor" (se conjetura entre el 3% y el 4,5%) en la subida de los tipos de los bonos a partir del que mayores tasas de rendimiento perturben los mercados y generen inestabilidad.
Hay autores que opinan que el tipo de interés neutral o de equilibrio está más alto de lo que se cree y que eso terminará por exigir a los bancos centrales una mayor subida de los tipos oficiales de interés de lo que se está proyectando. Sea así o no, parece factible que la economía sea hoy más sensible y vulnerable a una normalización de las tasas de interés por el hábito adquirido a vivir con tipos en el 0% y aún más porque, con un endeudamiento mundial récord (público y privado) equivalente al 318% del PIB global, una aceleración en la normalización monetaria y un endurecimiento de las condiciones crediticias y la rentabilidad de los bonos puede causar estragos.
Por esto una escalada proteccionista, en la que el mundo incurriese en una vorágine de aranceles y barreras al comercio, y en una escalada de represalias recíprocas como las que ya se han verbalizado en tono amenazante, sólo puede ser profundamente devastador. El freno al comercio internacional siempre ha sido antesala de recesiones. Y una recesión profunda, en un escenario de elevadísimo endeudamiento como el que ahora soporta la economía mundial, y con tipos al alza a causa de un alza general de precios por las políticas arancelarias, constituiría un cóctel altamente explosivo y de muy difícil gestión. Y más cuando los déficits públicos de los Gobiernos, los tipos oficiales en niveles mínimos y los saturados balances agigantados de los bancos centrales apenas dejarían margen para contrarrestar el desplome económico con el recurso a estímulos fiscales (más gasto público y menos tributos) y monetarios.
En este supuesto, apenas quedaría otra opción que profundizar en los recortes, los sacrificios y la austeridad, lo que alimentaría peligrosamente el malestar social, la desafección, los extremismos, el populismo, la demanda de más proteccionismo y todos aquellos impulsos que auparon a Trump a la Casa Blanca con la promesa de soluciones fáciles que pueden acabar siendo el problema.
