El Gobierno central estudia incluir en las negociaciones sobre la financiación autonómica una reforma de los impuestos mediambientales que incluya una aumento de las carga fiscal sobre los carburantes y, en particular, sobre el consumo de gasóleo.

El cambio que sopesa el Ministerio de Hacienda coincide con la presión que está ejerciendo la Comisión Europea para que España eleve la llamada "fiscalidad verde", que en España equivale a menos del 2% del producto interior bruto (PIB), frente al 2,4% de la media comunitaria. El foco del departamento que pilota Cristóbal Montoro está puesto sobre los motores diésel, considerados más contaminantes que los de gasolina. En la actualidad, la carga fiscal es más baja sobre el gasóleo en el impuesto de matriculación y, sobre todo, en el que grava el consumo de hidrocarburos. Este tributo tiene un tramo estatal que es más alto para la gasolina que para el gasoil y otro autonómico (fijado por las Administraciones regionales) que por lo común también penaliza más a los motores diésel. En el caso de Asturias, el citado tramo autonómico encarece en cuatro céntimos el litro de gasóleo, frente a los 4,8 céntimos de la gasolina. Según datos del sector petrolero, en torno al 43% del precio del gasóleo está formado por impuestos en España. En la gasolina esa proporción llega al 48%.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) advirtió ayer de que una subida del impuesto sobre los carburantes afectaría negativamente a las exportaciones españolas agravando el déficit comercial exterior, lo que ralentizaría la recuperación de la economía española. La patronal exige que la subida fiscal, de producirse, no se aplique a los transportistas.