Primera sentencia que reconoce las pérdidas que sufrieron los accionistas del Banco Popular que participaron en las diferentes ampliaciones de la entidad financiera que acabó sumida en una grave crisis y siendo absorbida por el Santander el verano pasado por el precio simbólico de un euro. El titular del Juzgado de primera instancia número 11 de Oviedo, Eduardo García Valtueña, ha obligado a restituir el dinero que un policía, ahora retirado, había invertido en comprar 4.000 títulos del Popular por los que pagó 5.455,65 euros. El abogado de la Unión de Consumidores (UCE), José Antonio Ballesteros, que se encargó de representar al afectado, asegura que el fallo abre la puerta de par en para que todos los pequeños ahorradores puedan recuperar su dinero. La organización estima que en la región hay más de tres mil afectados.

La UCE presentó un informe pericial, a cargo de Prosper Lomthe Fernández, del que la sentencia asume varias de sus conclusiones. Entre ellas, que en el folleto que presentó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular ofrecía una imagen sesgada de la realidad de la entidad al omitir datos correspondientes a los activos ligados al sector inmobiliario, con un peso determinante en la crisis del banco. También asegura ese dictamen que "se manipularon los ratios de rentabilidad, los de morosidad y el análisis comparativo con otras entidades del país".

"Es evidente que el banco demandado no ha probado que informara debidamente a su cliente, y menos que lo hiciera de forma detallada y clara de los riesgos en la contratación del producto", señala el magistrado. Ballesteros aseguró que los argumentos de la sentencia, muy extensa (de 38 páginas), son demoledores y hacen muy difícil si quiera que el banco pueda plantearse recurrirla.

Unai Alonso, de la UCE, aseguró que en abril la organización pondrá en marcha también una campaña para que los hipotecados reclamen los gastos de formalización de sus préstamos.